La máxima instancia judicial chilena acogió el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentada en contra de las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, para que paguen la millonaria multa que ya les había impuesto en septiembre de 2014 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
La FNE denunció a estas empresas por haberse puesto de acuerdo para "limitar la producción de carne de pollo ofrecida al mercado nacional y asignarse cuotas en el mercado de producción y comercialización de ese producto", indicó el fallo de la Corte Suprema.
El caso salió a la luz en diciembre del 2011 cuando la FNE presentó la denuncia ante el TDLC en la que estableció que estas empresas, que concentran el 90% del mercado del pollo chileno, acordaron la asignación de cuotas de producción de pollo, lo que restringió la oferta de dicho producto por más de 15 años.
La Corte Suprema también ratificó la disolución de la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA) que conformaban las tres empresas multadas, y también condenó a Agrosuper a consultar antes de llevar a cabo cualquier operación en este mercado.
La sentencia afecta un producto especialmente sensible, por tratarse de la carne más consumida por los chilenos, especialmente en los sectores más pobres, y que produce un total de 500.000 toneladas anuales, según datos de la APA.
El fallo coincide con la denuncia de otro caso de amaño de precios protagonizado por los mayores productores de papel higiénico y servilletas en Chile durante más de una década, según la FNE.
En Chile se han realizado otras investigaciones por denuncias de colusión contra empresas de autobuses de pasajeros, cadenas de farmacias, y cuatro importantes cadenas de supermercados.
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