Bolivia.- Despiden a 74 funcionarios de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)

LA PAZ, 13 (EUROPA PRESS) Un total de 74 funcionarios de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron despedidos días después de que la empresa fuera intervenida en el marco de la investigación sobre presuntos actos de corrupción durante la gestión del ex presidente de la petrolera, Santos Ramírez, gesto que los dirigentes de trabajadores petroleros calificaron de "una masacre blanca". El presidente ejecutivo interino de YPFB, Carlos Villegas, anunció, por su parte, que habrá más despidos, ya que algunos trabajadores estarían involucrados en actos de corrupción y otros, contratados en los últimos meses, ya no serían necesarios en la empresa. "Procedimos al despido de esas personas con el mandato que tengo del presidente (boliviano) Evo Morales, especialmente de la planta jerárquica de trabajadores, no es el primer contingente de despidos porque vamos a continuar", enfatizó Villegas. Por su parte, los representantes de los trabajadores de Yacimientos denunciaron ante los medios de comunicación que las acciones emprendidas por la actual administración son una "masacre blanca", porque se trataría de despidos injustificados. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de de la estatal petrolera, Ramiro Saavedra, declaró que no se están tomando en cuenta la situación de los funcionarios y que paralelamente a los despidos se están realizando nuevos contratos. DETENCIÓN PREVENTIVA Asimismo, la jueza décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, dictaminó ayer la detención preventiva de Santos Ramírez, en la cárcel de San Pedro de La Paz. La audiencia de medidas cautelares, concluyó tras cuatro horas de alegatos que no otorgarían medidas sustitutivas al ex presidente de YPFB sino detención preventiva. Víctor Borda, abogado de la defensa de Ramírez, no adelantó las acciones que tomará para revocar la medida, pero expresó su decepción por la decisión de la jueza Siles, según informaciones de los medios bolivianos recogidas por Europa Press. Ramírez es acusado de los delitos de uso indebido de influencias, asociación delictiva por la suscripción irregular de un contrato entre YPFB y el consorcio accidental Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos.