El Gobierno permitirá utilizar los ahorros del plan de pensiones para salvar la casa

Desde el pasado miércoles las familias amenazadas de desahucio cuentan con un nuevo instrumento financiero para hacer frente a sus obligaciones hipotecarias pendientes y poder así salvar su casa.

La nueva Ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, que entró en vigor el 15 de mayo, introduce una modificación en la normativa de planes de pensiones que permite, por primera vez, rescatar anticipadamente los fondos ahorrados para la futura jubilación con el objetivo de evitar la enajenación de la vivienda.

La disposición tiene carácter temporal y, en principio, sólo estará vigente durante los próximos dos años, es decir, hasta 2015.

Sin embargo, la norma abre la puerta a que, a propuesta del Ministerio de Economía, el Gobierno pueda ampliar ese plazo en función de la evolución de la renta disponible por las familias y las deudas asociadas a préstamos hipotecarios.

La reforma supone una pequeña revolución, ya que hasta ahora la normativa sobre planes de pensiones ha sido muy estricta respecto al tipo de contingencias que justificaban su utilización.

De hecho, con carácter general la ley impide recuperar ese dinero hasta el momento de la jubilación del partícipe, y sólo en algunos casos permite liberar esos fondos cuando la jubilación es anticipada.

También se admite la posibilidad de rescatar esos fondos en situaciones excepcionales, como la invalidez total del partícipe, su fallecimiento, en caso de enfermedad grave del titular o de algún familiar directo, o por una situación de dependencia severa.

La única contingencia asimilable a la que ahora se reconoce, se aprobó más recientemente y hace referencia a la posibilidad de materializar los fondos del plan en caso de llevar más de un año en paro y haber perdido el derecho a prestación.Requisitos legales

Dado ese marco legal, el Gobierno se ha cuidado mucho de establecer una serie de requisitos para garantizar que sólo se tire del plan de pensiones cuando no quede ninguna otra opción.

De hecho, sólo podrán acogerse a esta solución las personas afectadas por un proceso de ejecución hipotecaria en el que se haya acordado proceder a la enajenación de su vivienda habitual.

Además, el partícipe debe acreditar que no dispone de otros bienes, derechos o rentas en cuantía suficiente como para satisfacer las deudas pendientes y evitar el desahucio.

Por último, únicamente se podrá materializar el plan de pensiones cuando los recursos aportados al mismo sean suficientes para enjugar toda la deuda hipotecaria exigida por la entidad financiera y, al cabo, evitar la enajenación de la vivienda.Factura fiscal

La principal contraindicación de esta nueva solución financiera es su elevado coste fiscal.

La ley antidesahucios especifica que el rescate de los fondos del plan de pensiones "se hará efectivo a solicitud del partícipe, en un pago único en la cuantía necesaria para evitar la enajenación de la vivienda y sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones".

¿Y cuál es este régimen fiscal? Pues el que establece que si un plan de pensiones se materializa en un pago único, como es el caso, la cantidad rescatada deberá integrarse en la cuenta de rendimientos del trabajo del IRPF, con una reducción del 40% sobre las cantidades aportadas antes del 1 de enero de 2007 y sin reducción alguna para las aportadas después.

Esto significa que en el caso de que algún afectado por un potencial desahucio quisiera hacer uso de esta opción este año, debería pagar entre un 24,75% y un 52% de la cantidad extraída del plan de pensiones, en función de su nivel de renta.

Un coste fiscal que se antoja muy elevado, sobre todo si se tiene en cuenta que hablamos de personas o familias con severos problemas financieros, personas o familias a los que sus ingresos mensuales no les alcanzaban para pagar la hipoteca.