Una sencilla pregunta -¿quién es responsable de garantizar que los bancos no vendan a sus clientes productos de riesgo que éstos no entienden?-, y multitud de tibias respuestas -"nosotros ahí no podemos hacer nada", "eso corresponde a la CNMV", "deberías hablar con Economía y con el Banco de España", "son organismos supervisores independientes, les corresponde a ellos"-.
Éste es el resumen de tres días de llamadas para intentar saber quien le pone el cascabel al gato. O, mejor dicho, quien debería habérselo puesto. Porque, en el caso de la venta de preferentes, el escándalo ha saltado cuando 700.000 familias han visto como sus ahorros han quedado atrapados.Y llueve sobre mojado.
Derivados ligados Lehman, clips que se vendían como seguros para blindar hipotecas, cláusulas abusivas en la concesión de créditos... Son muchos los casos en los que los ahorradores denuncian que los bancos les han vendido como garantizados productos de riesgo. El último, las preferentes.
Estos productos se comercializaron como si fueran depósitos, cuando, en realidad, son una inversión perpetua, sin apenas liquidez y que, en caso de quiebra de la entidad, su dueño es el último acreedor en cobrar, sólo por delante de los accionistas.
Para más inri, en demasiadas ocasiones se comercializaron entre clientes que carecían de la formación financiera necesaria como para comprender lo que estaban firmando.
Así lo denuncia la asociación de consumidores Adicae, que cifra en más de 700.000 el número de familias afectadas por la venta de preferentes y que está en trámites para demandar a BBVA, La Caixa, CAM, Bankia, Caixa Galicia, Banca Cívica, Catalunya Caixa, Sabadell y Santander por cómo comercializaron estos productos.
Suma y sigue, porque tras el escándalo de colocar estos bonos como depósitos, ha llegado otra vuelta de tuerca, con su conversión en acciones o bonos convertibles, para beneficio más de la entidad.
Los nuevos requisitos de solvencia hacen que a los bancos no les interese tener preferentes, porque no computan como capital, y entonces, les conviene transformarlos en otros productos que sí les permite salir bien en la foto.Y todo ello con el consentimiento del Banco de España, que es quien debe autorizar esta metamorfosis.
El organismo presidido por Miguel Ángel Fernández-Ordóñez también es responsable de velar por que las entidades vendan sus productos conforme a las reglas, es decir, es quien debería haber impedido que jubilados y clientes sin formación financiera adquirieran estos productos.
Pero hizo la vista gorda y ahora, cuando se pregunta si piensan imponer sanciones, todos miran hacia otro lado. Con la boca grande te responden que los afectados pueden poner una reclamación en el Banco de España, pero con la pequeña, admiten a regañadientes que estas decisiones no son vinculantes.
En esta situación, y ante la inacción del Gobierno, a los afectados prácticamente sólo les quedan dos vías: la judicial, que están estudiando abordar vía demandas colectivas e individuales; y la reputacional, es decir, manifestándose en las calles, donde se comprueba el elevado número de jubilados atrapados en las preferentes, o utilizando las nuevas tecnologías, como el avatar creado en twitter @NoPreferentes.
Otra vía es acudir a la CNMV, ya que al tratarse de valores del mercado, también recaen bajo sus supervisión. No obstante, desde el organismo presidido por Julio Segura se insiste en que su responsabilidad se limita a garantizar que la información que se da al mercado sobre estos producto es cierta.
Las prácticas bancarias para conseguir que piquen el anzuelo, quedan fuera de su campo de actuación, dicen desde el organismo, mientras nadie aclara a qué puerta se puede llamar para pedir responsabilidades por haber atrapado los ahorros de jubilados.
No obstante, la CNMV sí que tiene potestad para imponer sanciones, y reconoce que durante el pasado ejercicio se multiplicaron las reclamaciones relacionadas con las preferentes, y, en muchos casos, se saldaron concediendole la razón al cliente.
"En el año 2010, destacaron especialmente las reclamaciones referidas a la información transmitida al cliente y recogida del cliente en la comercialización de productos derivados de cobertura y a la ejecución de órdenes de venta de participaciones preferentes", reconoce en su informe anual.
En éste documento, también denuncia que en muchas ocasiones las entidades no han acreditado que los ahorradores tuvieran el conocimiento necesario para adquirir estos productos y denuncia que, en varias ocasiones, estos contratos incluían una leyenda con la que los bancos y cajas intentaban escurrir su responsabilidad.
Ésta reza: "tras recibir toda la información que he estimado necesaria y entender a mi satisfacción las características y riesgos del producto, que el mismo es adecuado para mi experiencia y objetivos de inversión".
La CNMV considera que dicho tipo de cláusulas no resultan adecuadas, puesto que suponen "trasladar al cliente la responsabilidad de verificar un aspecto que es obligado para la entidad intermediaria".
Ante tal evidencia, ¿dónde están las sanciones ejemplares que terminen de una vez por todas con estar prácticas? Silencio.
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