Andalucía acordará con cinco comunidades mejoras en materia de violencia de género y de caza y pesca

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno autorizó hoy la firma de dos convenios de colaboración entre la Junta de Andalucía y las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Islas Baleares y Castilla y León. Los acuerdos supondrán mejoras en la protección de las víctimas de violencia de género, mediante la coordinación de las redes de centros de acogida de estas regiones, y en materia de caza y pesca recreativa, al reconocerse las licencias para estas actividades, sin que cazadores y pescadores necesiten obtener distintas autorizaciones en cada una de las citadas autonomías.

Estos acuerdos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2010, se suscribirán en función de lo recogido en el Estatuto de Andalucía, que establece la posibilidad de establecer convenios de cooperación con otras comunidades para la gestión y prestación conjunta de servicios. En función de esta potestad, las autonomías con estatutos reformados han mantenido tres reuniones para establecer mecanismos de colaboración con el objeto de avanzar en el desarrollo estatutario.

Tras un primer encuentro constitutivo celebrado en Zaragoza en julio de 2008, se celebró un segundo en Sevilla en el mes de octubre, donde se crearon diversos grupos de trabajo para el estudio de las líneas de actuación a seguir. Durante el último, celebrado en Valladolid el pasado 23 de febrero, se lograron los primeros resultados de esta nueva política de cooperación horizontal, con la decisión por parte de estas comunidades de adoptar dos acuerdos, cuya firma ha sido autorizada hoy.

El primero de los convenios coordinará las redes de centros de atención de las mujeres víctimas de violencia de género. La puesta en común de las casas de acogida, centros de emergencia o pisos tutelados implica ventajas para las mujeres que verán mejorada la protección frente a los agresores al poder alejarse de manera inmediata del maltratador y rehacer su vida fuera de su entorno geográfico.

Cada gobierno, de acuerdo a su normativa interna, tramitará el ingreso basándose en los principios de celeridad, seguridad y confidencialidad, y lo comunicará a través de medios telemáticos a la comunidad de origen. En los casos de extrema gravedad o peligro inminente para la víctima, éstos deberán resolverse en un plazo máximo de 24 horas. En cuanto a los costes, la comunidad de origen sufragará los derivados de la estancia, mientras que la de destino se hará cargo de todos desplazamientos.

Andalucía dispone de 34 de centros de acogida para mujeres maltratadas y menores a su cargo que las acompañen. Esta red ofrece servicios para la atención integral de este colectivo mediante una intervención especifica y multidisciplinar que incluye actuaciones en el ámbito social, psicológico, socioeducativo y jurídico. En 2008, fueron atendidos en Andalucía 2.500 mujeres y niños, lo que supone un 56 por ciento más que en 2007.

LICENCIAS DE CAZA Y PESCA

El segundo de los acuerdos prevé el reconocimiento recíproco entre las seis comunidades autónomas firmantes de las licencias de caza y pesca recreativa en aguas interiores. De esta forma, se libera a los cazadores y pescadores de la obligación de obtener una autorización distinta y de repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada una de las comunidades autónomas donde pretendan desarrollar estas actividades.

La firma de este convenio se realiza sin menoscabo de las competencias exclusivas de cada una de estas comunidades autónomas, por lo que el ejercicio de la caza y la pesca se regirá en cada territorio por su normativa propia. Así, cada región aplicará sus disposiciones en materia sancionadora respecto a las infracciones que se cometan en su territorio y, de la misma forma, la duración de la licencia será la prevista en la normativa de la administración que la hubiera otorgado, aunque, en todo caso, tendrá una duración máxima de diez años.

En Andalucía existen en torno a 270.000 licencias de caza y más de 18.000 permisos de residentes en otras comunidades autónomas, lo que representa el 28 por ciento del aprovechamiento económico de los ecosistemas forestales andaluces. En cuanto a la pesca, la comunidad andaluza tiene alrededor de 30.000 licencias y 5.000 permisos de residentes en otras autonomías.