Un tercio de la banca y parte de su cartera industrial se enfrenta a caer en manos extranjeras

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la salud financiera del sistema español no deja lugar a dudas: un tercio de la banca está enferma. ¿Y que significa ahora eso? Que necesita ser rescatada.

Y aquí el término rescate sí que no deja lugar a dudas. No se trata de darle un préstamo temporal para ayudarle a salir de un bache. No, se trata de hacerse con su control, liquidar todo lo tóxico, vender todo lo sano para compensar en lo posible, poner bonita la casa, y una vez arreglada, venderla al mejor postor para devolver a Europa el dinero que termine poniendo sobre la mesa (amplia horquilla que va desde los 40.000 hasta los 100.000 millones).

El mismo ministro de Economía, Luis de Guindos, ya dijo en una reciente comparecencia en el Congreso que el 20% del sistema se enfrentaba a este escenario -Bankia, NovacaixaGalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia- y que otro 10% podía seguir ese camino -hagan sus apuestas-.

Si todas estas entidades, y alguna más, terminan convirtiéndose en bancos públicos, vía FROB, como ya ha ocurrido en Bankia, el Estado deberá venderlas al mejor postor en el plazo que dicte Bruselas -la actual normativa del FROB marca un plazo de tres años para desinvertir-.

Y aquí es donde entra en juego la banca extranjera, que tendrá una oportunidad de oro para convertirse en jugador de primera fila en el mercado español.

En el pasado, la historia ya se escribió así, sólo que al revés, y Santander aprovechó el rescate de la banca británica para hacerse con Bradford & Bingley en Reino Unido, por ejemplo.

Pero no sólo eso, sino que las entidades también deberán desprenderse de parte de su cartera de participadas para sanearse antes de ser vendidas, aquellas que sean nacionalizadas, o para conseguir el dinero necesario para cumplir con las nuevas exigencias de capital que están surgiendo con esta reforma financiera, pidan o no ayuda al FROB.

Consciente de ello, el Gobierno está trabajando en blindar a sus principales empresas de opas hostiles. Un trabajo que ya está muy avanzado, hasta el punto de que el viernes pasado el Senado aprobó por unanimidad -aquí sí ha habido acuerdo- introducir blindajes en sus estatutos y protegerá a los accionistas de empresas expropiadas, como Repsol y Red Eléctrica, de ofertas públicas de adquisición (Opas) hostiles.

Sobre la mesa están empresas consideradas estratégicas como Iberdrola, Repsol o Gas Natural. La primera tiene a dos de sus accionistas de referencia en Bankia y Kutxa Bank (suman el 13% del capital), mientras que la petrolera y la gasista están controladas por La Caixa, con un 13% y un 35%, respectivamente.

NH, GAM, Abertis, Iberia, Indra, Enagás, Reyal Urbis o Colonial también figuran entre las empresas cotizadas españolas con mayor presencia de entidades financieras en su accionariado y, por tanto, que ahora se enfrentan a ser víctimas de las desinversiones de las antiguas cajas.