Ayuntamiento recalca que el recurso pide la suspensión de toda la Ley de Cajas, por lo que la aplicable es la de 2003

Bravo cree que el proceso electoral debe continuar y que Economía debe replantearse los expedientes sancionadores MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, subrayó hoy que el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Abogacía del Estado contra la Ley de Cajas pide la suspensión de toda la norma, por lo que la ley aplicable al proceso electoral en marcha en Caja Madrid es la de 2003. En declaraciones a Europa Press, Bravo destacó que la "literalidad" del recurso especifica que el cuerpo de abogados del Estado reclama al Tribunal Constitucional la suspensión de la Ley, y por lo tanto, "no cabe hacer ningún acto o decisión en aplicación parcial de la reforma" de la ley, puesto que lo contrario sería un "despropósito". El texto del recurso reclama al Constitucional, de hecho, "que se acuerde, conforme al artículo citado y el concordante 30 de la LOTC, la suspensión de la vigencia de los preceptos de la Ley de la Comunidad de Madrid 3/2008 de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, objeto de este recurso". En este sentido, explicó que, aunque el texto presentado esta mañana recoge en su argumentación que son dos los artículos sospechosos de superar el ámbito competencial, referidos al reparto de los consejeros elegidos por las corporaciones locales, lo cierto es que la súplica se refiere a toda la Ley, pues "el reparto en un sector tiene incidencia en los demás". Bravo consideró, además, que una vez interpuesto el recurso y suspendida la norma, el ordenamiento plenamente aplicable es la Ley de 2003, aprobada por Alberto Ruiz-Gallardón cuando era presidente regional, "aunque sea anterior a la reforma de la Ley financiera, puesto que cumple con el principio de proporcionalidad que establece la LORCA" en la representación de los ayuntamientos. El delegado, que se mostró "satisfecho" por el recurso presentado, destacó que la Administración del Estado ha entendido, igual que el Ayuntamiento de Madrid, que esta ley conculca los principios constitucionales de la LORCA. "Hay coincidencia jurídica entre nuestra interpretación con los informes del Consejo del Estado y a partir de ahí, el tribunal se manifestará", indicó. "Creo que el Gobierno no ha obrado motivado por cuestiones políticas, sino puramente jurídicas", añadió, por lo que el proceso electoral "podría y debería continuar" de acuerdo a la Ley de 2003. No obstante, el principal escollo para ello es la comisión de control, cuyos trabajos están suspendidos desde enero "como consecuencia de los expedientes sancionadores de la Consejería de Economía contra Fernando Serrano (PP) y Juan Gómez Castañeda (IU) por haberse negado a aplicar la ley en los términos que interpretaba la Comunidad, una ley que el Consejo de Estado ha considerado con visos de inconstitucionalidad", destacó. Por ello, Bravo consideró que ahora lo que procede es que la Consejería se replantee los expedientes que había incoado contra estos dos miembros de la comisión de control.