El tijeretazo sobre la función pública que José Luis Rodríguez Zapatero acometió a mediados de 2010 no alcanzó a los ayuntamientos de pleno. La limitación a nuevas contrataciones no impidió que los organismos locales dieran un último empujón a sus plantillas en un año de elecciones como 2011.
Así que a julio del año pasado la nómina municipal, lejos de recortarse, engordó en otro 2,2% en el conjunto de España (puede parecer poco, pero los gastos de personal se comen casi un tercio de los presupuestos de cada administración).
Y, dado que la vía del funcionario estaba limitada (con una tasa de resposición -es decir, de sustitución de jubilados- del 10%), se aprovechó la opción del personal laboral, es decir, el que se puede contratar sin ataduras estatuarias y, sobre todo, a discreción.
La última revisión del Registro Central de Personal, que elabora el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se realizó en julio de 2011 y arrojó el resultado global de que 2.690.099 personas contratadas por el sector público español.
Esa cifra supone apenas el 0,36% más que en la misma fecha de 2010. Como quiera que la población ha crecido en el último año en un 0,4%, los números globales cuadran en un primer vistazo.
El problema es que cuando se mira por tipo de administración. Bajo esta lupa, los entes locales (se incluye ayuntamientos y diputaciones) fallaron. Porque el Estado predicó con el ejemplo y redujo en 4.490 efectivos su plantilla, lo que, en términos porcentuales, se traduce en un 0,75% menos de lo que había un año año antes (hasta los 592.531 efectivos del último recuento).
Las autonomías incrementaron por muy poco su número de empleados: en apenas 1.009 personas (hasta un total de 1.347.835, es decir, un casi imperceptible 0,07%) y las universidades hicieron los deberes y redujeron sus contratos totales en un 0,52%.
En suma, que los organismos locales son los responsables del incremento en un ejercicio en el que deberían haberse notado más los efectos del tijeretazo. Además, el grueso del aumento de plantilla vino a través de la contratación de personal laboral, o sea, empleados que se contratan según necesidades específicas y que, ahora, con la nueva reforma laboral, pueden ser objeto de despidos colectivos.
Sin embargo, nada de eso se sabía hace poco más de un año y por eso ayuntamientos y diputaciones tiraron de esta opción para engrosar su número de empleados.
A su vez, las autonomías se anotaron un importante alza en el número de funcionarios (los que no pueden ser despedidos y tienen plaza asegurada por oposición). Hasta en 14.000 creció la cifra, aunque se explica por las necesidades de cubrir las plazas en sanidad y educación (la norma de Zapatero de reposición limitada no afectaba a las oposiciones ya anunciadas).
Las diferencias por territorio
En cuanto a que rincón de España es mejor para ser empleado público (sin importar si eres local, regional o nacional), la suma de todos ellos por provincias arroja resultados muy igualados, ya que en 23 hubo recorte de personal (ver gráfico adjunto) y en el resto, subidas.
Por autonomías, hasta 11 se apuntaron un descenso en su sector público y destacan los importantes crecimientos anotados en Castilla y León (6.353 nuevos trabajadores), Baleares (3.577) y Cataluña (2.337). Exceptuando el segundo, que se debió al efecto del Gobierno autonómico, los grandes responsables de estos dígitos fueron, una vez más, los organismos municipales.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios