La CIDH admite el caso de un venezolano acusado de participar en atentados contra embajadas

  • Miami (EE.UU.), 2 abr (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite el caso del venezolano Raúl Díaz Peña, acusado de participar en atentados contra las embajadas de Colombia y España en Caracas, en 2003, informó hoy una activista.

La CIDH admite el caso de un venezolano acusado de participar en atentados contra embajadas

La CIDH admite el caso de un venezolano acusado de participar en atentados contra embajadas

Miami (EE.UU.), 2 abr (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite el caso del venezolano Raúl Díaz Peña, acusado de participar en atentados contra las embajadas de Colombia y España en Caracas, en 2003, informó hoy una activista.

Patricia Andrade, presidenta de Venezuelan Awareness Foundation (VAF), una organización de derechos humanos en Miami, dijo a Efe que presentó el caso ante la CIDH bajo el alegato de que el Estado venezolano presuntamente violó los derechos de Díaz a la libertad, las garantías judiciales y a su integridad personal.

"Esto es sumamente importante porque la Comisión Interamericana se está pronunciando sobre una persona que hemos insistido es un preso político y es el primer caso de admisión con la persona aún recluida", resaltó la activista y abogada estadounidense.

Díaz Peña está protegido por medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2005 y las autoridades venezolanas lo acusan de participar en el atentado con explosivos a las sedes diplomáticas de Colombia y España en el 2003, en Caracas, que dejó cuatro personas heridas.

La CIDH en su informe de admisión, al que tuvo acceso Efe, indicó que considera que las alegaciones del venezolano sobre su detención preventiva y las condiciones de su detención "podrían caracterizar posibles violaciones a los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, las garantías judiciales y a la protección judicial".

Pero, no admitió los argumentos sobre la presunta violación a los derechos a la vida, a reunión, a la protección de la honra y la dignidad y la igualdad ante la ley al señalar que "no han sido debidamente sustanciados en la petición".

El Gobierno venezolano, por su parte, aseguró que ha llevado a cabo las acciones necesarias para proteger y garantizar los derechos humanos de Díaz Peña.

También negó el alegato de la presunta detención ilegal del acusado al afirmar que un juzgado de Caracas emitió una orden de captura "por lo tanto el señor Díaz Peña fue detenido legalmente".

Por último, dijo que la petición presentada no cumplía con los requisitos porque el caso se encuentra en curso ante los organismos competentes "en donde se ha garantizado en todo momento" los derechos humanos del acusado.

La decisión de la CIDH fue dada a conocer por la VAF el mismo día en que la congresista Ileana Ros-Lehtinen por el estado de Florida y líder de los republicanos en el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de EE.UU., entregó a funcionarios una carta con una lista "de presos políticos venezolanos que necesitan asistencia norteamericana".

Ros-Lehtinen informó en un comunicado que se reunió con Thomas Shannon, sub secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, y el Sr. Kart Donnelly, director de la Oficina de Libertad de Religión Internacional del Departamento.

En el encuentro, la legisladora urgió a que líderes regionales "hagan una prioridad la inclusión durante la próxima Cumbre de las Américas, de las crecientes prácticas anti-semíticas en Venezuela y los crecientes ataques contra instituciones democráticas y derechos humanos".

"EE.UU. tiene que defender, y ser la voz, de esos presos políticos en Venezuela y en todo el mundo que son castigados simplemente por ejercer sus derechos fundamentales", dijo Ros-Lehtinen.

Agregó: "Tenemos que tomar pasos efectivos para contrarrestar la alianza entre Venezuela y otros regímenes represivos como Cuba e Irán que amenazan nuestros intereses y aliados democráticos de la región".

Ros-Lehtinen aseguró que "Chávez continúa negándole al pueblo venezolano con gran impunidad sus derechos más básicos. Sus acciones socavan directamente los valores democráticos de la región y están en violación de las obligaciones de Venezuela bajo la Carta Constitucional Democrática InterAmericana".