Santiago de Chile, 20 oct.- Una "curiosa iniciativa legal" podría imponer serias restricciones a la libertad de prensa en Costa Rica, en particular a los contenidos y criterios editoriales, advirtió hoy la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Se trata de un proyecto de ley impulsado por el izquierdista partido Frente Amplio tras el triunfo presidencial de Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana, que según la SIP teóricamente se propone "garantizar el derecho a la libertad de prensa de los periodistas".
Pero la iniciativa, aprobada ya en comisión, impide a un medio de comunicación "prohibir o impedir al periodista investigar e informar sobre determinados hechos noticiosos o asuntos de interés público", indica el informe sobre Costa Rica de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
"A primera lectura podría considerarse una buena práctica para el periodismo", admite esta organización, que agrupa a los dueños, editores y directores de unos 1.300 diarios y revistas de todo el continente.
"Sin embargo, -advierte la SIP- esto es una clara intromisión en los criterios editoriales e independencia de los medios".
Y ello porque, a su juicio, les "obliga incluso a conservar en su cargo a un periodista aun y cuando convierta la práctica del periodismo en una expresión de convicciones personales o colectivas que incluso pudieran ser nocivas para el régimen democrático".
La norma también impide "obligar o presionar al periodista a ocultar información sobre asuntos de interés público, omitiendo publicarla o recortando reportajes periodísticos con el fin de favorecer los intereses particulares de algún grupo o persona, en perjuicio del derecho de la ciudadanía a obtener información veraz y oportuna".
Solo se permite la "omisión" o "recorte" si el medio demuestra que "no persigue favorecer los intereses particulares de algún grupo o persona, en perjuicio de la ciudadanía a obtener información veraz y oportuna", agrega la SIP.
"Esto infringe la labor de 'edición', sea por razones de espacio o de cualquier otra que el medio considere normales dentro de sus parámetros editoriales, de estilo o éticos y de contenido".
"En un caso extremo, podría ocurrir, si se aplica la norma tal y como está, que un periodista considere que una edición sea una 'omisión' o 'recorte'" y obligar al medio a publicar su versión de los hechos, sin que importe si no se ajusta del todo a la realidad", asegura la Sociedad Interamericana de Prensa.
"Tampoco se puede pasar por alto el carácter ilegal de pretender imponerle requisitos a la información de veracidad y oportunidad, aspectos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denostó", opina la SIP.
La ley también prohíbe "obligar o presionar al periodista para que le dé un determinado sesgo u orientación a sus reportajes informativos, favoreciendo alguna posición o a excluir otros puntos de vista".
Un enunciado con el que, en principio, no pareciera existir ninguna controversia, admite la SIP, que sin embargo opina que "la norma es omisa cuando, por el contrario, pudiera ser el periodista el que incurriera en esa práctica".
El proyecto también prohíbe "sancionar o perjudicar ilegítimamente en el ejercicio de sus derechos laborales al periodista por publicar algún tipo de información siempre y cuando haya cumplido con las normas que rigen el ejercicio de la profesión".
"En principio, como en otros casos de la iniciativa, parece normal y lógico", dice la SIP. "Pero esto supone que en la práctica sería el periodista y no el medio quien decide qué se publica", se queja.
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