En este contexto, el Gobierno autonómico ha autorizado hoy al Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE, antes ADE), adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, a realizar una aportación dineraria a Fafecyl para desarrollar tres actividades que dan continuidad y refuerzan la atención y servicios prestados en las tres oficinas Tierras Mineras que la Junta ha desplegado en las localidades leonesas de La Pola de Gordón y Villablino y en la palentina de Guardo.
En concreto, Fafecyl llevará a cabo una primera iniciativa de información y acogida, que trata de conseguir la participación de desempleados en los programas más adecuados según su perfil, a través de sesiones grupales y entrevistas de diagnóstico ocupacional, e incluye la realización de itinerarios de inserción personalizados.
En segundo lugar, Fafecyl ejecutará un programa de inserción por cuenta ajena basado en la intermediación laboral en las zonas geográficas afectadas por los despidos. Para ello, se efectuará una prospección de las necesidades de contratación, las ofertas de trabajo y las actividades económicas emergentes, para conectar después oferta y demanda.
La tercera y última iniciativa es un plan de recualificación profesional y de reciclaje de los trabajadores en función de los requerimientos de las empresas y atendiendo preferentemente a sectores como la minería, desde el punto de vista de su aplicación a otros ámbitos diferentes al tradicional; la restauración ambiental; la actividad turística; las energías renovables, y otras actividades alternativas como la agricultura o la ecología.
FINANCIACIÓN DEL SERLA
Por otra parte, la partida destinada al funcionamiento del servicio de mediación extrajudicial de conflictos laborales entre trabajadores y empresarios ascenderá a 537.000 euros.
Con este apoyo financiero la Junta impulsa el funcionamiento de un sistema eficaz para resolver conflictos laborales de forma previa a la vía judicial. El proceso de conciliación y arbitraje permite llegar a un acuerdo que tiene carácter de cumplimiento obligatorio por las partes en litigio y mejora las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores.
Este órgano extrajudicial de resolución de conflictos laborales está disponible para todos los trabajadores y empresas que cuenten con centros de trabajo ubicados en Castilla y León, y basa su actividad en la conciliación y el arbitraje conforme con lo establecido en el Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Colectivos (ASACL).
Según datos del SERLA, durante el año 2016 se han presentado 256 procedimientos en el que han estado implicados 2.941 empresas y 104.658 trabajadores. Durante el periodo acumulado entre el año 2012 hasta 2016 se han iniciado un total de 1.453 procedimientos que han afectado a un total de 537.196 trabajadores y un total de 19.815 empresas de Castilla y León.
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