Junta reconoce que cinco años después de la reclamación, Boliden no ha realizado ni un pago de los 90 millones

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía reconoce que por el momento, pese a que hace ya más de cinco años desde que se inició su reclamación por la vía administrativa, el Grupo Boliden no ha realizado ni un pago de los más de 90 millones de euros que debe pagar a la Administración andaluza en relación con los costes y gastos asumidos para hacer frente a los trabajos de restauración de la cuenca del Guadiamar derivados del vertido producido en 1998 en las minas de Aznalcóllar (Sevilla).

En respuesta a una pregunta escrita realizada por el Grupo Parlamentario del PP-A y a la que ha tenido acceso Europa Press, la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, explica que los costes que se reclaman ascienden a la cantidad de 89.867.545,56 euros, a la vez que especifica que en relación a esta reclamación "no consta que las entidades a las que se les ha reclamado hayan satisfecho algún pago del mismo".

Asimismo, Castillo aclara que "si bien este sería el coste total de la regeneración reclamada, hay que añadir que la Junta de Andalucía adquirió la titularidad de las tierras y decidió convertir ese espacio en un Corredor Verde, acciones que han supuesto un coste adicional, que, lógicamente, no forma parte de la reclamación".

Además, en la respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Consejería de Medio Ambiente señala el desglose de lo reclamado, pues a la Consejería de Agricultura y Pesca le corresponde 46.979.379,26 euros por la primera fase de retirada de lodos; mientras que a la Consejería de Medio Ambiente le debe 14.460.050,71 euros por la segunda fase de retirada de lodos; 2.483.913,55 euros por el control y seguimiento de la calidad ambiental; 5.231.515,95 euros correspondiente a la restauración ecológica; y 2.093.661,17 euros asistencia técnica y actividades complementarias. Por último, a la Consejería de Salud le corresponden 2.065.585,40 euros por actuaciones sanitarias.

Con motivo de la reclamación del Gobierno andaluz, que se inició en marzo de 2004, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) impuso a la empresa matriz de Boliden una fianza por un importe de 107,83 millones de euros

En un auto dictado en julio de ese mismo año, el alto tribunal acordó estimar el recurso presentado por Boliden y suspender el procedimiento administrativo emprendido por la Junta "siempre y cuando la entidad recurrente preste caución que comprenda el importe de 89,86 millones de euros más un 20 por ciento sobre esa cantidad para gastos y costas", lo que suponía una cantidad global de 107,83 millones de euros.

De este modo, el TSJA condicionó la suspensión cautelar de la reclamación económica formulada por la Junta al depósito de avales por parte del Grupo Boliden por un importe equivalente a la cantidad demandada por la administración autonómica, lo que en la práctica implicaba que por primera vez la empresa se veía obligada a hacer frente a un pago económico por vía judicial.

Boliden decidió recurrir el auto del TSJA, primero ante el Alto Tribunal andaluz y posteriormente ante el Supremo, y la Junta ya advirtió de que iniciaría el embargo de los bienes que tiene Boliden en España, Holanda o en Suecia si la empresa sueca o sus filiales no depositaban el citado aval. La empresa aseguró que no iban a poder embargarle ninguno de sus bienes.

La Junta posteriormente acudió al TS para reclamar a la empresa los costes económicos que conllevó el vertido tóxico, tras el rechazo del TSJA.

EMBARGO CAUTELAR

Además, la Justicia sueca admitió a trámite un recurso interpuesto por la Junta en el que solicita un embargo cautelar por valor de 141 millones de euros a la multinacional Boliden para que ésta haga frente a los costes. Para ello, el Gobierno andaluz debe hacer frente a la cuantía económica que le corresponde aportar ante la justicia sueca, a modo de 'caución', al objeto de que en el país escandinavo sea "ejecutivo" el requerimiento que, en junio de 2007, dictó el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla para reclamar esos 141 millones de euros.

La decisión de la Junta de reclamar estos gastos al Grupo Boliden por vía administrativa se produjo después de que la Audiencia Provincial de Sevilla no admitiera a trámite la demanda por vía civil planteada por la Junta y desestimara con anterioridad el recurso del Ejecutivo andaluz contra el archivo de las actuaciones penales por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), recurrido de nuevo en amparo ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno andaluz.

La rotura de la balsa de la mina de Boliden Apirsa el 25 de abril de 1998 provocó el vertido de seis millones de metros cúbicos de aguas ácidas y lodos contaminados en las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar. La mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.