"Se declara por 30 días el estado de emergencia en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros del departamento de Apurímac, y en las provincias de Chumbivilcas y Espinar en el departamento del Cusco. La Policía mantendrá el control interno con apoyo de las Fuerzas Armadas", señaló la norma.
Con esta disposición se suspenden los derechos de libertad personal y de reunión, además de la inviolabilidad de domicilio.
Los enfrentamientos comenzaron la tarde del lunes, con pobladores que rechazan la construcción de una planta de tratamiento de minerales en el mayor proyecto minero del Perú, el yacimiento de cobre Las Bambas, de propiedad del consorcio MMG, filial de la china Minmetals, porque consideran que contaminará el agua y sus cultivos.
El gobernador de Apurímac, Wilber Venegas, confirmó el martes a la prensa el fallecimiento de una tercera persona producto de los enfrentamientos entre pobladores y policías en el distrito de Challhuahuacho, en la provincia de Cotabambas (región Apurímac).
El lunes en la noche el presidente Ollanta Humala había informado sobre la muerte de otras dos personas y lamentó los enfrentamientos. Señaló además que el ministerio Energía y Minas busca una solución al reclamo y una comisión de alto nivel viajará a la zona de la protesta, en momentos en que los pobladores exigen la presencia de autoridades.
El gobernador Venegas dijo que en Challhuahuacho este martes se reúnen pobladores de diversas comunidades para reiniciar las marchas de protesta contra la construcción de la planta, pese a la declaratoria de emergencia.
Aseguró que el problema de las protestas parte de la falta de diálogo del gobierno con la población.
"No ha existido una explicación clara sobre la construcción de la planta y el estudio de impacto ambiental", precisó.
Según la resolución del gobierno, las Fuerzas Armadas deben garantizar el funcionamiento de los servicios públicos resguardando los puntos críticos vitales como carreteras o puentes.
Jaime Osorio, dirigente del Frente de Defensa de Cotabambas, señaló tras la compra de Las Bambas hace un año por MMG, se realizaron modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental, sin consultar a la población.
El nuevo estudio, asegura Osorio, descarta la construcción de un mineroducto, lo que obligará a que el transporte del mineral sea en la superficie, con riesgo a contaminar la zona. Otro cambio consiste en la construcción de una planta de molibdeno y de una planta de filtros en la localidad de Fuerabamba, que pobladores creen que afectaría la cabecera de cuenca del río Challhuahuacho.
"Nuestra empresa siempre ha actuado conforme al cumplimiento de la ley y mantiene una voluntad de diálogo permanente. Rechazamos las acusaciones formuladas por grupos violentistas quienes realizando actos delictivos invadieron hoy nuestras instalaciones", dijo Las Bambas en un comunicado.
El proyecto cuprífero Las Bambas se encuentra entre las provincias de Cotabambas y Grau, en la región de Apurímac y fue vendida por Glencore Xtrata al consorcio MMG en abril de 2014, por casi 6.000 millones de dólares.
Se sitúa a más de 4.000 metros de altitud. En agosto de 2010 se aprobó su construcción y debería empezar a operar a inicios de 2016.
El presidente Humala, que llegó al poder en julio de 2011 con un fuerte discurso de critica a las empresas mineras, debió luego moderar su posición, en un país donde la industria de extracción de recursos naturales es una de las principales actividades productivas y clave para el crecimiento económico.
Perú es uno de los más importantes productores mundiales de cobre, plata y oro del mundo.
En los últimos meses, y en un año previo a las elecciones presidenciales, las protestas sociales se han incrementado.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2015, hasta agosto, se contabilizaron 213 conflictos sociales, de los cuales casi el 67% es de carácter socioambiental.
En mayo, violentas protestas contra el proyecto cuprífero Tía María, de la filial peruana de la mexicana Southern Copper, en la región de Arequipa (sur), dejó cuatro muertos y también obligaron al gobierno a declarar estado de emergencia por 60 días y enviar a las Fuerzas Armadas a colaborar con el resguardo de la ciudad.
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