Ocho de cada 10 euros del rescate de Bankia irán a cubrir el agujero de créditos mal concedidos

Bankia, ya fuera en su forma de Caja Madrid o Bancaja, fue una de las entidades financieras más activas en los años del boom inmobiliario. Estallada la burbuja, las consecuencias del derrumbe han terminado provocando la nacionalización de la que se convirtió en cuarta entidad financiera del país.

Una intervención del Gobierno que primero se plasmó en aportaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en varias fases hasta llega a la última de 4.465 millones que ya no pudo asumir y que abrió la puerta a la entrada de capital público.

Después, vinieron los cambios en la cúpula y el análisis a fondo de la situación de la entidad. Que si serían necesarios 7.500 millones más, que si el ministro lo eleva a 9.000, que si se sospecha de 15.000, que si se sube la cuenta a 19.000 finalmente (que en realidad, son 23.500 si se incluye el dinero del FROB).

Pero, ¿para qué van a servir ese casi 2% del Producto Interior Bruto? Pues para tapar el agujero inmobiliario y el resto de créditos dudosos que se concedieron en los buenos tiempos.

Según ha explicado esta mañana el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras el consejo de administración de ayer por la tarde, hasta 15.600 millones de los 19.000 que se necesitan para seguir operando corresponden a la cartera crediticia e inmobiliaria.

Dicho de forma directa: ocho de cada diez euros del rescate de Bankia irán a cubrir los préstamos inmobiliarios (bien sea a promotores o particulares) y los créditos dudosos que se concedieron en su día.

Esta cifra se reparte entre los 7.100 millones que van para los saneamientos exigidos por los últimos decretos del Ministerio de Economía, mientras que otros 3.000 millones se trata de una partida extra que ha identificado la entidad ahora al analizar más a fondo sus cuentas. En cualquier caso, poco más de 10.000 millones son culpa del ladrillo.

Y los otros 5.500 millones hay que buscarlo en otro análisis que ha realizado el nuevo equipo gestor del resto de su cartera crediticia. En este caso se excluye el panorama inmobiliario, pero no dejan de ser préstamos concedidos por encima de la prudencia o que el deterioro de la economía de los últimos años ha convertido en dudosos.

La asunción de responsabilidad se reparte entre los 3.300 millones de créditos a empresas y 2.200 a particulares.

Yendo un poco más al detalle, de los 3.000 millones de nuevo cuño del sector inmobiliario (el que ha destapado el nuevo presidente y no se explica por los decretos del Gobierno), unos 1.800 millones se asumen por culpa de la adecuación de los activos a su actual precio de mercado.