El Ayuntamiento defiende su contrato de Fitur de 2005 con Special Events porque fue "transparente y objetivo"

El PSOE insinúa que se pudo prevaricar alegando que se dieron sólo diez días de plazo para presentar propuestas y que se adjudicó el contrato en un 24 horas MADRID, 24 (EUROPA PRESS) El delegado de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, defendió hoy durante la comisión ordinaria de su ramo el contrato por valor de 270.000 euros que el Consistorio hizo en 2005 para el stand de la capital en Fitur a la empresa Special Events, del cabecilla de la 'operación Gürtel' que actualmente investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El concejal compareció a petición del Grupo Municipal Socialista, cuya portavoz en la comisión, Isabel Vilallonga, insinuó que pudo haber prevaricación en dicha adjudicación alegando, entre otras cosas, que sólo se dieron diez días para presentar propuestas y que la decisión se tomó en una sola sesión, 24 horas después del cierre de la convocatoria. En una reunión bastante tensa, en la que Villanueva acusó a la socialista de mentir en reiteradas ocasiones, despertando el malestar de la edil, los socialistas expresaron sus dudas respecto a la adjudicación, apuntando que el Patronato de Turismo, que habitualmente se encarga de los stands de Fitur, firmó un convenio con la empresa municipal Promoción Madrid para este cometido en el año 2005, algo que no volvió a ocurrir en sucesivas convocatorias. El delegado explicó que esta decisión se tomó al coincidir la Feria Internacional de Turismo con el lanzamiento de un nuevo portal de Internet esMADRID.com para promocionar el turismo en la ciudad y, dado que se quería resaltar este hecho en el stand y que Promoción Madrid tenía mayores conocimientos tecnológicos así como recursos, se firmó lo que hoy en día se llama Encomienda de Gestión (entonces un convenio), "y que es absolutamente habitual en todas las administraciones", según Villanueva. ADJUDICACIÓN EXPRESS La siguiente queja del PSOE fue que la tramitación fue de un "contrato express", ya que "se publicó el concurso con un plazo de presentación de ofertas de diez días, del 17 al 27 de diciembre, en plenas Navidades" mientras que en otras adjudicaciones los plazos son de entre 30 y 40 días. "Lo permite la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas", aseguró Villanueva, añadiendo además que precisamente en 2005 se presentaron más empresas (seis) que en ninguna otra ocasión. "Además, el Comité de Evaluación estaba compuesto sólo por tres personas: el secretario, sin voto; y los gerentes del Patronato y de Promoción Madrid, la señora Galindo y el señor Cuervo, que fueron quienes valoraron las ofertas sin ningún informe técnico de los servicios de contratación de ninguna de las dos instituciones para evaluar las ofertas", continuó Vilallonga, apostillando que la decisión se tomó "en una sola sesión, 24 horas después de presentadas las ofertas". No obstante, Villanueva alegó que en la reunión estaban, junto a los ya mencionados, dos técnicos de cada institución implicada y que, además, su decisión consistía tan sólo en una propuesta que luego fue elevada a la consejera delegada de Promoción Madrid que, en el ejercicio de sus funciones, fue quien adjudicó el contrato. Sin embargo, no acabaron ahí las denuncias del Grupo Municipal Socialista, que consideró que se favoreció a Special Events en la baremación para adjudicar el contrato, ya que su oferta económica no fue la mejor de las seis empresas aspirantes (era la tercera más cara), y que después hubo que hacer un modificado del contrato por valor de 32.500 euros para cumplir con unos requisitos que estaban incluidos en el Pliego de Condiciones del concurso. Villanueva lo justificó como ajustes siempre necesarios en los contratos públicos y que, al no llegar al 20 por ciento que marca la Ley (suponía aproximadamente un 12 por ciento del valor del contrato) no obligaba a declarar nulo el concurso y volver a convocarlo, y que tampoco levantó ninguna crítica entre las otras cinco empresas candidatas. Asimismo, recordó que también en los contratos de 2004 hubo un modificado de 14.900 euros y en el de 2006, otro de 10.500 euros. También se hizo más tarde un contrato menor complementario directamente entre Special Events y el Patronato de Turismo por valor de algo más de 8.600 euros para instalar una moqueta entre el stand madrileño y el de la candidatura olímpica 2012 que, atravesando el pasillo donde está prohibido instalar estructuras, diera una sensación de unidad a ambas instalaciones. "Lo hizo el Patronato porque era quien tenía la competencia para tomar esta decisión", explicó el delegado. "El presupuesto que presentó la empresa no justificaba los diferentes gastos y se presentó después de la feria", añadió Vilallonga, apuntando asimismo a que quizá en la adjudicación tuvo algo que ver que "el coste de Fitur 2005 fuera superior en unos 30.000 euros al del año anterior y de unos 11.500 al del siguiente". INVESTIGACIÓN INTERNA Así, la edil afirmó que éste es "un proceso de contratación dirigido deliberadamente a adjudicar a Special Events el stand de Fitur 2005, una empresa de la rama corrupta de Correa que era objeto de trato de favor por parte de determinadas administraciones del PP". "El contrato no está claro. He llegado a la conclusión de que se formalizó para que Special Events fuera la adjudicataria del stand de Fitur, como en otros sitios se había hecho con otras empresas hoy investigadas que dirigía Correa", insistió la socialista. Por ello, solicitó una investigación interna del Ayuntamiento y del área de Economía" de este asunto, especialmente del modificado y del contrato menor, y que se "dé parte (del asunto) a la investigación judicial en curso, que se haya en estado embrionario en bastantes ámbitos del proceso, por lo que hay que darle cuenta al juzgado". "Se adjudicó el contrato a una empresa que ni siquiera tenía experiencia en la organización de este tipo de eventos", añadió finalmente, a lo que el responsable municipal replicó que "cuando el Ayuntamiento contrató con esta empresa estaba en plena legalidad y en el ejercicio de su capacidad de contratación con la Administración pública". "Es lógico que una empresa que organiza eventos se presentara a este concurso, como es lógico que empresas de construcción ahora investigadas hayan ganado concursos de construcción del Estado", añadió, citando algunos ejemplos como el de un edificio de oficinas en la Expo de Zaragoza por la que el Gobierno central pagó más de 7 millones de euros a una de las compañías implicadas en el 'caso Gürtel'. ÉTICAMENTE REPROBABLE Por su parte, las críticas del portavoz de IU, Ángel Lara, se centraron en que, incluso siendo legal y transparente todo el proceso de contratación, quizá la decisión es "reprobable éticamente" por haberse establecido unos plazos "muy legales pero quizá poco idóneos para llegar a unas conclusiones aceptables". También él se extrañó por la desviación en el presupeusto, y en la fórmula de convenio empleada entre dos entes municipales. "No me cabe duda de que todo el procedimiento es legal, pero entendemos que, desde el punto de vista ético, es más discutible porque al final esta empresa está en la situación legal en la que está", concluyó. Ante esto, Villanueva recordó que lo que se trata de esclarecer es "si el expediente se ajusta a la legalidad o no" y espetó al edil de IU que "era imposible averiguar en 2005 lo que hacía esta empresa". "Ni yo, ni otras administraciones de todos los colores políticos. La diferencia es que otros contrataron más tarde que nosotros, que cuando lo hicimos comprobamos que tenía toda la documentación en regla. No podíamos sospechar nada y lo éticamente reprobable sería si yo tomara esa misma decisión ahora, pero entonces era una decisión sujeta al principio de transparencia y objetividad", zanjó el delegado.