Quito, 28 ene.- Alberto Guerra, quien estuvo temporalmente a cargo de una demanda multimillonaria contra la petrolera Chevron en Ecuador, dijo que los propios abogados de los demandantes escribieron el fallo contra la empresa, mientras que ellos lo acusan de dar falso testimonio a cambio de dinero.
Chevron presentó hoy ante una corte federal de Nueva York la declaración jurada de Guerra, a quien ha sacado de Ecuador, junto con sus familiares, "para proteger su seguridad", según indicó en un comunicado.
En el documento, el exjuez aseveró que los abogados de los demandantes acordaron pagar medio millón de dólares al magistrado Nicolás Zambrano por emitir la sentencia a su favor, una vez que ellos recibieran la indemnización de Chevron.
También dijo que él trabajó como "escritor fantasma" de las diligencias de Zambrano, en ese caso y otros, y como tal recibió el borrador del fallo, que según él, fue en realidad escrito por esos letrados.
La tarea que le encargó el juez era "afinarlo y pulirlo", dijo Guerra, quien indicó que hizo "muy pocos cambios".
En 2011 Zambrano condenó a la petrolera a pagar más de 19.000 millones de dólares por daños ambientales ocasionados entre 1964 y 1990 en la Amazonía ecuatoriana por Texaco, que fue adquirida posteriormente por Chevron.
La sentencia fue confirmada por un tribunal de apelación y ahora está en manos de la Corte Nacional de Justicia.
En el testimonio presentado hoy, Guerra reveló haber recibido 38.000 dólares de Chevron como compensación por su tiempo para recopilar las pruebas y por la propia evidencia documental, como su ordenador, teléfonos, registros y memorias portátiles.
Los abogados de los demandantes alertaron la semana pasada de que la compañía intentaba "comprar falsos testimonios" de personal judicial vinculado al caso, al que ofrecían sacar del país "con el fin de que no puedan ser requeridos por la justicia ecuatoriana".
En un comunicado afirmaron que Guerra les contactó en 2011 para pedirles dinero por su testimonio.
"Nos manifestó que diría lo que quisiéramos si le pagábamos y lo llevábamos a vivir en Estados Unidos, y esa fue la razón por la que lo descartamos, por su falta de credibilidad. Nosotros no nos prestamos a actos de corrupción", dijo Pablo Fajardo, el abogado principal en Ecuador.
Los letrados afirmaron que Guerra fue destituido como juez por "actos de corrupción" y su labor estuvo empañada por la concesión "irregular" de amparos de libertad en 30 procesos, muchos de ellos vinculados con narcotráfico.
El exjuez estuvo a cargo del caso entre mayo de 2003 a enero de 2004, y fue cesado como magistrado de la Corte de la provincia de Sucumbíos en 2008, según él, por enfrentarse a sus sucesores en el proceso contra Chevron por decisiones "dudosas o ilegales" que ellos tomaron.
Tras ello, llegó a un acuerdo con Zambrano por el cual ese magistrado le pagaba mil dólares al mes por escribir sus providencias, que posteriormente el juez firmaba como suyas.
Guerra también afirmó haber contactado a representantes de Chevron, a instancias de Zambrano, para pedirles un soborno a cambio de una sentencia a su favor, algo que la empresa rechazó, según dijo en su testimonio.
"Yo sabía en ese momento, y lo sé hoy, que ese acuerdo del cual yo era partícipe, por el cual los representantes de los demandantes redactaban la sentencia del caso de Chevron y el Juez Zambrano, con mi ayuda, la dictaba, era una violación de las leyes Ecuatorianas", admitió.
El Consejo de la Judicatura de Ecuador cesó a Zambrano el año pasado por poner en libertad condicional a un presunto narcotraficante, quien se dio a la fuga.
El pasado diciembre, Chevron también presentó en Nueva York una declaración de Fernando Reyes, un ingeniero ecuatoriano que colaboró con los abogados de los demandantes, quien denunció que el principal estudio sobre impacto ambiental en el caso no fue imparcial, sino que los demandantes determinaron sus conclusiones.
En respuesta, Fajardo acusó a Reyes de ser un "corrupto que se vendía al mejor postor" y "un trabajador secreto de Chevron".
Dado que la compañía tiene pocos activos en Ecuador, los demandantes, que son un grupo de habitantes de la Amazonía, han iniciado procesos en Canadá, Brasil y Argentina para intentar cobrar allí la indemnización.
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