El Estado tampoco consigue pagar a sus proveedores en 30 días

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha podido ser más contundente. En 2013 el Gobierno estará encima de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para constatar que paguen a sus proveedores en el plazo de 30 días que marca la ley.

Las que no lo hagan serán penalizadas. Hacienda habilitará un mecanismo que permitirá al Estado detraer parte de las cantidades que tienen derecho a percibir en virtud de su participación en los ingresos del Estado para pagar las facturas que tengan pendientes con sus proveedores.

Sin embargo, no sólo son las autonomías y los ayuntamientos los que incumplen los plazos establecidos en la Ley de Morosidad.

Según el último informe elaborado por el propio Ministerio de Hacienda, el Estado paga por los bienes y servicios que recibe en un plazo medio de 39 días, mientras que el periodo de pago por obras y suministros se eleva a 52 días.

Los contratos de bienes y servicios suponen tres de cada cuatro contratos del Estado, mientras los de obras y suministros apenas una cuarta parte. No obstante, éstas últimas son más cuantiosas y suponen dos tercios de los pagos totales.

La Ley de Morosidad establece la entrada en vigor del pago a 30 días a partir del 1 de enero de 2013 y un periodo transitorio en los años inmediatamente anteriores, que para 2012 exigía el pago en un plazo de 40 días.

Dado que el último informe corresponde al segundo trimestre de 2012, el Estado cumple por los pelos el marco legal en el campo de bienes y servicios, pero lo incumple en casi dos semanas en los contratos con sus proveedores de obras, suministros o servicios de consultoría.

Según la Intervención General del Estado, en el segundo trimestre de 2012 el Estado incumplió el plazo legal de pago en 40 días en 310 contratos, generando un agujero a sus proveedores de 7,9 millones de euros.

En la mayoría de los casos, los contratos están en mora por no haberse tramitado la orden de pago por parte del departamento correspondiente y la demora media asciende a 72 días.

Sin embargo, lo más preocupante es la gran cantidad de expedientes embalsados y sin pagar que podrían terminar en impago.

A 30 de junio de 2012, el Estado tenía pendientes de pago 1.439 operaciones, un 11% de las realizadas en el periodo, por un importe global de 114 millones.

En éstas, el periodo medio de mora era de 36 días, según la IGAE, por encima de ese límite legal de 30 días que Hacienda va a exigir cumplir a autonomías y ayuntamiento este año, pero dentro de los 40 días que suponían el máximo legal en 2012.

Si han alimentado o no, finalmente, la morosidad del Estado es algo que no se conocerá hasta que se publique el siguiente informe sobre el particular en las próximas semanas.

El Estado paga mejor

No obstante, algo se ha avanzado tras la aprobación de la nueva Ley de Morosidad en julio de 2010.

Por aquel entonces, el plazo medio de pago de la Administración del Estado oscilaba entre los 52 y los 55 días.

Al cierre del segundo trimestre del año pasado, ese periodo se había reducido a 38 días, por debajo de lo registrado a la misma altura de este año.

Dentro de la Administración del Estado son los órganos constitucionales los que mejor cumplen la ley.

En cuanto a los ministerios, los periodos medios de pago oscilan entre los 20 días que suele tardar en pagar el Ministerio de Asuntos Exteriores y los 50 que tarda el Ministerio de Agricultura y Alimentación.

Luego hay casos de expedientes concretos, que Hacienda atribuye bien a la responsabilidad de terceros o a la existencia de incidencias, como embargos o compensaciones tributarios, cuyo pago se demora por meses o incluso año, pero cuya relevancia es marginal.