La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha mostrado seriamente preocupada por la poca atención que España presta al pago de sobornos a funcionarios extranjeros.
Tal debe ser la laxitud de las autoridades españolas al respecto que el organismo admite estar alarmado por el escaso número de investigaciones de este tipo realizadas en el país, donde en los últimos trece años apenas se han investigado siete casos.
Todos ellos, por cierto, fueron archivados sin consecuencias.
En un amplio informe, elaborado por los técnicos de la organización tras su visita a Madrid entre el 3 y el 5 de julio para chequear la implementación de las medidas previstas la convención para combatir el pago de sobornos de funcionarios extranjeros, la OCDE expresa su "seria preocupación por que tras casi 13 años de existencia del delito de sobono a funcionarios extranjeros, ninguna empresa ni persona física hayan sido condenados ni juzgados por esta cuestión".
De hecho, los expertos de la entidad con sede en París admiten encontrarse "particularmente alarmados" por el bajo número de investigaciones de este tipo desarrolladas por España, dado el tamaño de su economía y su significativa actividad comercial exterior, incluyendo países y actividades de alto riesgo.
Así, el informe de la OCDE señala que en los últimos trece años España sólo ha llevado a cabo un total de siete investigaciones relacionadas con el soborno de funcionarios extranjeros, ninguna de ellas contra corporaciones, sino contra personas físicas, de las que sólo un par superaron la fase de investigación inicial.
En concreto, las investigaciones por el presunto pago de sobornos de las que hay constancia hacen referencia a casos investigados entre 2006 y 2012 ante la sospecha del presunto pago de sobornos a funcionarios de países como Costa Rica, Marruecos, Libia, Angola o Letonia, aunque ninguno de los procesos tuvo consecuencias para los investigados.
La OCDE ha pedido a España que le proporcione un informe de autoevaluación donde se detallen los progresos en la modificación del Código Penal, así como en la implementación de las recomendaciones de la institución para combatir la corrupción.Limitada colaboración de las autoridades españolas
Los integrantes de la misión de la OCDE hacen constar en su informe la limitada información proporcionada por las autoridades españolas con anterioridad a la visita sobre el terreno de los expertos de la institución.
Los técnicos del organismo critican, además, el "muy limitado" abanico de estadísticas suministradas, además de que "mucha de la legislación relevante no estaba traducida al inglés".
"La escasa información dificultó los preparativos de la visita y redujo su efectividad", apunta el organismo, que critica que tuvo que destinar una parte sustancial de su estancia a discutir cuestiones relativamente básicas".
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