El Gobierno cree firmemente que una proporción no inferior a la mitad de los 8.116 ayuntamientos que hay hoy en España no disponen ni de los medios ni de la capacidad económica suficiente para prestar los servicios que les corresponde a sus ciudadanos en unas condiciones mínimas de eficiencia.
Es el grupo de los municipios con una población inferior a los 1.000 habitantes y que podría incluir incluso a algunos de mayor de mayor tamaño.
En algún momento, el Gobierno se planteó la creación de un mecanismo para arbitrar fusiones entre ayuntamientos por un criterio de pura economía de gestión, pero su propuesta definitiva de reforma de la Administración Local, que obra ya en manos del Consejo de Estado para su preceptiva evaluación, nada menciona finalmente al respecto.
¿Significa esto que el Ejecutivo se ha resignado definitivamente a no ver fusiones entre los ayuntamientos de menor tamaño y que más dificultades tienen para prestar servicios públicos? En absoluto.
El Ministerio de Hacienda está convencido de que el nuevo modelo de prestación de servicios que establece su propuesta de reforma local impulsará un proceso de fusiones entre municipios que contibuirá a racionalizar el mapa municipal español.
Fusionarse o desaparecer
Cuando entre en vigor la nueva ley, los ayuntamientos estarán obligados única y exclusivamente a prestar los servicios que la ley les reconoce en exclusiva, pero es que además deberán prestarlos bajo ciertas condiciones de eficiencia, con un coste que en ningún caso podrá superar el estándar que fijará a Hacienda tras una ronda de consultas con la Federación de Municipios y Provincias.
Hacienda ha acreditado que el gasto por ciudadano de un servicio público es, por lo general, tres veces más alto en un municipio de menos de 5.000 habitantes que en uno de más de 100.000.
La solución que plantea a esta distorsión es que los servicios que los municipios pequeños no puedan prestar dentro del marco estándar que defina Hacienda, bien directamente o bien a través de una Mancomunidad de municipios, pasarán automáticamente a ser prestados por la Diputación Provincial.
"No podemos permitir que el simple hecho de que exista una frontera administrativa sea un obstáculo para la prestación eficiente de servicios públicos para los ciudadanos", se justifican desde Hacienda.
Bajo estas premisas muchos municipios de reducida dimensión podrían ver diluídas, cuando no directamente arrebatadas, muchas de sus competencias e incluso podrían perder su razón de ser.
"Nosotros no vamos a obligar a nadie", aclaran desde Hacienda. "Si hay alguna fusión será de forma voluntaria, porque los plenos municipales de los ayuntamientos implicados así lo hayan decidido y con la autorización preceptiva de la comunidad autónoma".
El departamento que dirige Cristóbal Montoro sí espera que haya cierto movimiento en este sentido. De hecho, asegura que varios alcaldes de municipios de este perfil ya han mostrado su disposición a fusionarse. "No se puede negar que la reforma local es un estímulo para las fusiones de municipios", admiten.
Por el momento, los esfuerzos que se han realizado desde comunidades autónomas como Galicia para racionalizar el mapa municipal tampoco han obtenido grandes frutos.
Se han entablado muchos contactos, pero únicamente se ha concretado un proceso de fusión entre los municipios coruñeses Oza dos Ríos y Cesuras, que a finales de enero registraron ante la Xunta los acuerdos plenarios que daban el visto bueno a su fusión.
Sería la primera fusión de dos municipios desde el año 2004.
El Gobierno estima que la reducción de tamaño del sector público local generará un ahorro de 1.397 millones de euros entre 2013 y 2015.
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