El Gobierno liquida el IPC: retirará todas las menciones al índice de las leyes españolas

Cuando un pozo de extracción de petróleo se cierra en Irak, un inquilino ve como se encarece su alquiler mensual en Tordesillas. El principio está formulado de una manera un poco exótica, pero aunque parezca absurdo lo cierto es que es así.

La clave de esta enrevesada estructura de vasos comunicantes por la que un conflicto laboral o social en Nasiriyah puede desembocar en que le encarezcan a uno la renta mensual que paga a su casero es el Índice de Precios de Consumo (IPC).

El asunto funcionaría más o menos así. Un conflicto en uno de los países productores de petróleo genera un encarecimiento del barril, que automáticamente se difunde por todo el planeta por la extraordinaria dependencia que todavía existe de los combustibles fósiles.

En condiciones normales, ese repunte en el precio del barril únicamente debería filtrarse a un ámbito muy concreto de la economía: al precio de los carburantes, al de otros derivados del petróleo y, como mucho, al de los servicios que dependen de alguno de los componentes anteriores, por ejemplo, el transporte.

La realidad, sin embargo, es que ese impacto es mucho más generalizado y acaba filtrándose a todos los rincones de la economía. Y la razón es que hay numerosos mecanismos de formación de precios y salarios que están vinculados al IPC y que éste es particularmente sensible a cualquier fluctuación de los precios energéticos.

Es lo que los expertos llaman efectos de segunda ronda. Un fenómeno puntual provoca un alza coyuntural del IPC y éste termina consolidando esa subida de los precios por su valor referencial a la hora de fijar salarios, precios públicos o tarifas privadas.

Durante los dos años que ocupó la Secretaría de Estado de Economía en la última legislatura del gabinete Aznar, entre 2002 y 2004, Luis de Guindos no dejó pasar una sola rueda de prensa del IPC sin advertir sobre el peligro de que la presión inflacionista a la que por aquel entonces estaba sometida la economía española acabara filtrándose a la negociación salarial de los convenios colectivos o a los precios fijados por las empresas.

Temía, sobre todo, los efectos sobre la competitividad española de consolidar una espiral precios-salarios, que, de hecho, sí se consolidó en la negociación colectiva hasta hace apenas tres años, cuando la crisis obligó a a los agentes sociales a cambiar la referencia al IPC por la referencia a la productividad.

Ahora, con mando en plaza como ministro de Economía, Guindos ha decidido acabar por ley con este fenómeno y ha anunciado una Ley de Desindexación de la Economía Española, que detrás de ese rimbonbante nombre esconde un propósito muy simple: eliminar todas las referencias al IPC que existan en la normativa estatal, autonómica y local española.Un trabajo muy duro

La tarea es titánica, según se reconoce desde el propio Ministerio de Economía, cuyos técnicos están rastreando toda la normativa en vigor en busca de precios, tarifas o actualizaciones que estén vinculadas al índice de precios.

¿Ejemplos? Las tarifas de las concesiones de servicios de transporte en autobús de larga distancia, que se actualizan anualmente en función de lo que haya subido el IPC; los precios de los alquileres, que si no son objeto de un acuerdo entre particulares sobre su evolución anual se remiten al IPC (pese a que el índice de precios de los alquileres se está desplomando desde hace años, mientras que el del IPC sube) o el precio de materiales de la construcción en los contratos públicos, que también se actualizan en función de este índice pese a que evolucione completamente al margen del mercado.

Según fuentes del Gobierno esta estrecha vinculación de la economía al IPC, que también ha alcanzado al sector privado por el lado, por ejemplo, de la formación de salarios, ha tenido resultados muy perniciosos para la economía en el pasado, alimentando una dinámica inflacionista.

El objetivo del Gobierno es romper al fin ese vínculo.

Para ello, reconoce, no sólo le bastará con promulgar esa ley general, sino que tendrá que modificar numerosas leyes particulares que recogen esa referencia oficial. Una revolución legal en toda regla.

El intento no está exento de incertidumbres. ¿Se buscará un nuevo indicador al que vincular todos los aspectos que hoy están referenciados al IPC o se buscarán distintas referencias?

"Lo lógico es que se vincule a otro índice de precios", dicen desde Moncloa. Una afirmación que dirige todos los focos hacia el Indice de Precios de Consumo a Impuestos Constantes, un indicador de nuevo cuño que calcula el coste de la vida descontando el efecto sobre el mismo de las medidas normativas adoptadas por el Gobierno (subidas de impuestos, elevación de tasas o precios públicos) y que adquirió cierta popularidad en la recta final del año pasado por la posibilidad de que se utilizara como referente para actualizar las pensiones públicas, en lugar del IPC general.

La diferencia sería ostensible. Según el último dato, de marzo de 2013, mientras el IPC general estaba en el 2,4%, el IPC a impuestos constantes se situaba en el 0,5%.

El asunto, no obstante, no termina de estar claro. Otras fuentes gubernamentales advierten de que se podría optar por buscar indicadores diferentes en función del aspecto que se tome.El asunto de las pensiones

El caso más paradigmático de la vinculación de un determinado aspecto al IPC es, quizá, el de las pensiones del sistema público. En 1996, la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, en un contexto de pensiones bajas e inflación relativamente moderada, determinó que la ley debería vincular la subida de las pensiones al IPC (concretamente al del mes de noviembre) para evitar que ese segmento de la población, particularmente expuesto, perdiera poder adquisitivo.

Su propuesta se puso negro sobre blanco en la Ley de Seguridad Social y desde entonces ha sido tan positiva para los pensionistas, como inquietante para los gestores de la Seguridad Social.

El mecanismo se ha revelado extraordinariamente gravoso para las arcas públicas. La Seguridad Social calculó que entre 1997 y 2007 el coste de esta disposición había sido de 13.500 millones. Cinco años después la factura de la revalorización de las pensiones ya se había elevado a 20.000 millones.

El Gobierno se ha esforzado en dejar bien claro que esta Ley General de Desindexación no afectará al modo en que se revalorizan las pensiones y se remite a la negociación que sobre el factor de sostenibilidad se tiene en la Comisión del Pacto de Toledo... en la que la modificación del sistema de actualización de las pensiones por un mecanismo menos costoso es uno de los objetivos.