El Tribunal de Cuentas destapa pagos irregulares a sindicatos y patronal en el CES

El día 15 de septiembre de 2010 fue una jornada de lo más productiva para los consejeros del Consejo Económico y Social (CES). En un plazo que no superó las dos horas, llegaron a la sede del organismo, sustanciaron las dos reuniones plenarias programadas para el día y se marcharon a sus casas, percibiendo por ello 891,24 euros por cabeza en concepto de dietas (445,62 euros por cada reunión).

Algunos meses después, el episodio llamó la atención de los técnicos del Tribunal de Cuentas que realizaban la fiscalización del balance contable del CES correspondiente a aquel año.

Indagaron y se encontraron con que se había convocado una sesión plenaria extraordinaria el mismo día en que estaba programado el Pleno Ordinario con el único propósito de someter a votación el nombramiento del presidente del organismo, Marcos Peña, a pesar de que había renovado automáticamente en el cargo días antes, lo que hacía totalmente improcedente cualquier votación.

El veredicto del Tribunal de Cuentas es demoledor: "Esta doble percepción es claramente contraria al principio de economía que debe regir en la gestión de los fondos públicos y denota falta de rigor en el manejo de los caudales públicos", que se habrían ahorrado más de 21.000 euros si no se hubiera celebrado esa segunda sesión.

Este episodio es sólo un ejemplo de la caótica gestión que el Tribunal de Cuentas se ha encontrado en el Consejo Económico y Social y que deja un reguero de pagos irregulares, beneficios injustificables y pequeños lujos, con los que el instituto auditor público exige acabar en su informe sobre el año 2010.

1. Irregularidades en los pagos de las dietas. Los consejeros del CES perciben una compensación económica por su asistencia a las reuniones de los órganos colegiados del consejo. Ésta tiene un carácter personal, puesto que las organizaciones a las que representan (sindicatos, organizaciones empresariales y organismos sectoriales) ya tienen reconocida una compensación específica por su participación en los órganos consultivos.

Sin embargo, sólo el 25% de los más de 537.000 euros abonados por el CES por este concepto tuvieron como destinatarios a los propios consejeros. Tres de cada cuatro euros abonados en esta cuenta se pagaron a las organizaciones y no a los propios consejeros como dice la ley.

Según el Tribunal de Cuentas, esta práctica irregular no sólo supone una doble financiación para las organizaciones, que perciben los recursos que la ley les reconoce más los destinados a sus consejeros, sino que dejan a éstas la decisión de entregar o no esos recursos a sus representantes con un importante efecto fiscal.

¿Por qué? Porque los fondos percibidos por los consejeros de forma directa tienen la consideración de rendimientos del trabajo y deben ser declarados en el IRPF, mientras que si el destinatario es la organización tiene el carácter de renta exenta en el Impuesto de Sociedades... con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas.

2. Cobran un 573% más. Un decreto gubernamental de 2008 reguló la concesión directa de subvenciones a las organizaciones sindicales y empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, fijando un importe anual máximo de 2.838 euros por representante y año.

Las organizaciones representadas en el Consejo Económico y Social perciben, sin embargo, una compensación de 19.119 euros por representante y año, un 573,7% superior a la fijada en el decreto.

El Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a equiparar las compensaciones del CES a las fijadas en el decreto, lo que reduciría en un 85% las compensaciones percibidas en la actualidad por los consejeros por los consejeros del órgano consultivo (algo menos porque en 2011 se redujeron un 12%) y generaría un ahorro anual de 879.174 euros para las arcas públicas.

3. ¿Se respetan los límites legales? El CES incumple, asimismo, la exigencia legal de informar semestralmente al Ministerio de Hacienda y con carácter individual de las compensaciones abonadas a los consejeros.

Este requisito no es gratuito, es necesario para verificar que se cumple el límite legal de que ningún consejero llegue a ingresar por su participación en órganos consultivos un importe anual superior al 40% de sus retribuciones.

Un riesgo cierto y que el Tribunal de Cuentas dice haber verificado en 2010 en el caso de una consejera del CES. Un caso que fue posible, por cierto, porque el órgano consultivo también incumple su obligación de exigir a sus consejeros un certificado acreditativo de no haber superado dicho límite.

4. Descontrol de asistencia. Los consejeros del CES tienen el deber de asistir a las sesiones del Pleno. En 2010 sólo lo hicieron en un 79% de los casos y, además, las bajas no se justificaron.

Hay más. El Tribunal de Cuentas certificó que en el 90% de las sesiones plenarias el número de votos emitidos superó "contra toda lógica" el número de consejeros asistentes, lo que arroja "dudas sobre la persencia real de los consejeros en las reuniones del Pleno".

Eso en los plenos, porque en las reuniones de los órganos colegiados no se elaboraron actas, lo que hace imposible acreditar la presencia real de los consejeros y, por tanto, saber si las compensaciones económicas percibidas procedían o no.

5. ¿Seguros de vida y de accidentes? El Tribunal de Cuentas se pregunta la razón por la que los consejeros del CES disfrutan todos los años de un seguro de vida y de accidentes cuando no existe una vinculación laboral que lo justifique, más aún cuando el seguro de accidentes cubre "accidentes extraprofesionales, es decir, los acaecidos en la vida privada del asegurado".

6. Viajes en business. De diez viajes realizados por los consejeros en 2010, siete se realizaron en clase business pese a que el régimen del CES establece la prioridad de viajar en clase turista, y de los otros tres no se tiene información adicional. En el caso de los trabajadores, de un total de 46 desplazamientos, el 63% también se hizo en business sin ningún tipo de explicación al respecto.