Empleo se fija en la Agencia Tributaria para mejorar su lucha contra el fraude laboral

Fátima Báñez ha visto en la Agencia Tributaria un espejo en el que mirarse para mejorar el control de la actividad sumergida en el ámbito laboral y de Seguridad Social, hasta ahora el hermano pobre del aparataje estatal de la lucha contra el fraude.

Su intento de crear una Unidad Especial de control de grandes empresas, al modo de la Delegación de Grandes Contribuyentes de la Agencia, para supervisar el correcto cumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social en las empresas de implantación nacional no es más que el último paso en su estrategia de replicar de la mejor manera posible el modelo de éxito del órgano de vigilancia del Ministerio de Hacienda.

Ya en el Plan Nacional de Reformas que se envió a Bruselas el pasado mes de abril, el Gobierno adelantaba que había encargado a una empresa privada el diseño de un sistema de gestión y control de prestaciones por desempleo más moderno y riguroso siguiendo las pautas aplicadas en la Agencia Tributaria.

¿Cuales son esas pautas? Recopilar información de la mayor cantidad de fuentes posibles, identificar fuentes complementarias que puedan aportar información relevante y cruzar los datos disponibles en busca de posibles irregularidades.

El objetivo es garantizar el cumplimiento del denominado compromiso de actividad, por el que los parados con prestación se comprometen a realizar una búsqueda activa de empleo, no sólo a esperar una oferta por parte del Servicio Público de Empleo.

Otro aspecto en el que Empleo ha querido replicar el modelo de la Agencia Tributaria ha sido con el buzón de lucha contra el fraude laboral, una bandeja de entrada virtual para recoger denuncias anónimas de ciudadanos que conozcan de la comisión de irregularidades en materia laboral.

La Agencia Tributaria ya abrió hace tiempo con éxito un cauce discreto para recibir denuncias sobre irregularidades tributarias con la esperanza de, ofreciendo el anonimato, obtener información sobre los usos fraudulentos de empresas y contribuyentes por parte de afectados.

Empleo abrió hace unos meses este buzón con la esperanza de recibir chivatazos que les permitan abrir vías de investigación que de otro modo sería más complicado establecer.

Haya sido o no por esa intención de replicar el modelo de la Agencia Tributaria, el caso es que la inspección laboral y de seguridad social ha conseguido en 2013 unos resultados sensiblemente mejores a los del año pasado.

Según datos proporcionados por el propio Ministerio de Empleo, el año pasado se incrementaron un 30% las actuaciones en materia de lucha contra el fraude, se afloraron más de 10.000 empleos irregulares (un 12% más), se desactivaron 1.348 empresas ficticias (un 84% más) y todo ello con un impacto económico de 7.625 millones de euros.