El Ministerio de Economía y Hacienda pedirá más medidas a algunas comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que celebra hoy para evitar las sanciones que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en último término, la intervención.
Precisamente, el Gobierno ha convocado el CPFF este jueves para analizar los planes de ajuste económico-financiero que han tenido que elaborar todas las comunidades ante las desviaciones del déficit en el año 2011 y la necesidad de cumplir lo pactado con Bruselas.
Algunas, como Cataluña y Andalucía, ya adelantaron ayer sus nuevos planes de ajuste, que en el caso del Gobierno de Artur Mas supondrá un nuevo recorte de 1.500 millones; mientras que el de Griñan bajará el sueldo a los funcionarios un 5% y subirá el IRPF.
El Gobierno ya ha puesto de manifiesto que algunas comunidades no podrán obtener el visto bueno de Hacienda, por lo que activará todos los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria, desde la exigencia de nuevos ajustes hasta la intervención.
Esta última opción tiene en su punto de mira a Asturias, comunidad a la que el ministro de Hacienda, Cristobal Monto, ya ha lanzado una seria advertencia.
De hecho, ya ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudie la posible tutela de las cuentas de Asturias, ante la preocupación de que el Gobierno regional en funciones no pueda alcanzar el objetivo del 1,5% del PIB.
En cualquier caso, las comunidades con más dificultades contarán con 15 días para plantear nuevas medidas de ajuste, que serán analizadas en una nueva sesión del CPFF que se celebrará previsiblemente a finales de mayo o principios de junio.
De esta forma, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere garantizar el compromiso de las comunidades con la reducción del déficit pactada con Bruselas para enviar así un mensaje de confianza a los mercados, que siguen teniendo dudas sobre la capacidad del país para reducir el déficit público.
Las nuevas medidas se añadirán a las ya planteadas por algunas comunidades, que han reducido sus Presupuestos en unos 8.000 millones. Esta cifra se obtiene de la suma de ajustes a los funcionarios, recortes en educación y sanidad y liquidación del sector público empresarial, así como de ingresos procedentes de nuevos impuestos y tasas.
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