Los partidos políticos tienen sin auditar sus cuentas de los últimos cuatro años

El Tribunal de Cuentas es el organismo encargado constitucionalmente de auditar las cuentas de los partidos políticos. Cada año tiene la obligación de recabar información sobre los estados contables de los partidos, un ejercicio no exento de problemas, y chequear, por un lado, que ofrecen una imagen fiel de su actividad económico-financiera en el año de referencia y, por otro, que se ajustan a la normativa que regula su financiación.

No es un trabajo fácil y la prueba más evidente es que el último informe de fiscalización de las cuentas de los partidos políticos corresponde al ya lejano ejercicio de 2007, y fue aprobado hace menos de un año, en marzo de 2012.

Es decir, no existe auditoría oficial de las cuentas de los partidos políticos de los últimos cuatro ejercicios contables, desde 2008 hasta 2011. Precisamente, los regidos por la nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, aprobada en julio de 2007 y que, entre otras novedades, prohibía las donaciones anónimas.

¿A qué se debe semejante retraso? El Tribunal de Cuentas alude a diferentes factores: la concentración de convocatorias electorales, cuya fiscalización tiene prioridad según la ley; las carencias de personal en la Unidad de Fiscalización a Partidos Políticos, pero también las dificultades que ponen los partidos a la hora de ofrecer una información completa y precisa de sus estados contables.

Ya en el informe de 2007, el órgano fiscalizador público denunció los problemas para realizar una auditoría a partir de la información fraccionada e insuficiente proporcionada por los partidos políticos y subrayaba la presencia de deficiencias formales que, en muchos casos, condicionaban incluso la representatividad de las cuentas presentadas.

Conviene aclarar que 2007 fue un año especial, en el que los partidos tuvieron que convivir con dos sistemas de financiación diferentes, lo cual pudo dificultar la presentación de sus balances contables.

Si esos problemas persistieron en los ejercicios siguientes o no es algo que estamos a punto de saber.

Cuatro informes en 2013

Según fuentes del Tribunal de Cuentas, cuando ya han transcurrido cerca de cuatro años desde el cierre contable de 2008 los partidos han completado al fin la entrega de la información correspondiente a ese ejercicio y el tribunal confía en poder presentar el informe de fiscalización correspondiente a ese año antes del verano.

Podría no ser el único informe que se conozca este año. En una estimación que parece optimista a la vista de los precedentes, el organismo auditor confía en poder llevar al Parlamento antes de que acabe el año los informes de fiscalización correspondientes a 2009, 2010 y 2011 para los que la captación de información "está ya bastante avanzada".

"Confiamos en poder ponernos al día en ese área en el transcurso de este año", dicen en el Tribunal de Cuentas, desde donde se subraya que el nuevo presidente, Ramón Álvarez de Miranda, ha decidido duplicar el equipo de auditores, letrados del Estado y contadores de la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos, que ha pasado de 12 a 24 miembros.

Una decisión que, a la vista de los últimos acontecimientos, no podría haber sido más oportuna.

Caso Bárcenas

Lo que tiene publicar esos informes precisamente ahora es que se revisarán con lupa todos y cada uno de los comentarios que el órgano fiscalizador haga sobre las cuentas del Partido Popular.

Aunque basta irse al último informe publicado, el de 2007, para encontrar alguna deficiencia aparentemente formal que a la vista de las últimos acontecimientos adquiere una nueva dimensión.

El Tribunal de Cuentas se quejaba, por ejemplo, de que el preceptivo dictamen de auditoría interna que debía acreditar la adecuada revisión y contabilización de toda la información presentada por el partido no sólo iba sin firmar sino que no permitía determinar si el sistema de control interno implantado era ajustado o no a lo previsto en la ley.

Las donaciones privadas al partido también despertaban dudas en el órgano fiscalizador, que destacaba que no había podido comprobar "el cumplimiento a nivel individual del límite legal establecido para las donaciones privadas" (fijado en 100.000 euros) y acusaba directamente al PP de haber incumplido la nueva Ley de Financiación de Partidos al haber ingresado donaciones anónimas por 231.400 euros tras la entrada en vigor de la misma, pese a su prohibición expresa.

En este campo, también se quejaba de que la información proporcionada ni distribuía las donaciones privadas en partidas ni identificaba a los donantes, como exigía la ley.

El PP no fue, no obstante, el único partido en percibir de forma irregular donaciones anónimas en 2007 tras la entrada en vigor de la nueva norma. En esta lista figuraban también IU, PSOE, Partido Andalucista, Partido Aragonesista y Unió Mallorquina, si bien el 54% de esas donaciones irregulares fueron a parar al Partido Popular.

El PP defendió que esas donaciones anónimas se habían ingresado de forma involuntaria y se comprometió con el Tribunal de Cuentas a no disponer de esos recursos en tanto no se identificara a los donantes.