¿Revalorizará el Gobierno las pensiones? Las cuatro opciones que están en la mesa

El modo en que el Gobierno cumplirá con la obligación que fija la Ley de Seguridad Social de revalorizar las pensiones según lo que haya subido el coste de la vida se ha convertido en una de las decisiones más relevantes de política económica en esta recta final de año.

La razón es sencilla. La credibilidad de España en los mercados pasa, en buena medida, por cerrar sus cuentas públicas de 2012 si no con un déficit del 6,3% del PIB como exige Bruselas, sí en un nivel que demuestre a los inversores el compromiso del país con la consolidación fiscal.

La información disponible hasta ahora apunta a que éste será un asunto que se resolverá por unas pocas décimas.

Según Fedea, uno de los think tank económicos más influyentes de España, la desviación de las comunidades autónomas estará este año en torno a medio punto del PIB por encima del 1,5% previsto, lo que elevaría el déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas hasta el entorno del 6,8% del PIB... de no haber ninguna otra desviación.

Bajo esta premisa y con las cuentas del Estado y las corporaciones locales razonablemente alineadas con lo previsto, lo que ocurra con la Seguridad Social aparece como el factor clave para que el desequilibrio de las Administraciones Públicas no rebase esa fatídica barrera del 7% del PIB.

"En mi opinión, todo lo que sea estar en un déficit del 7% o por debajo será bien recibido por los mercados", calcula Juan Rubio, profesor de la Universidad de Duke e investigador de Fedea.

Cerrar por encima de esa frontera, sin embargo, "enviaría una señal muy preocupante sobre el nivel de compromiso de España con la estabilización de sus cuentas públicas y podría tener consecuencias", pronostica Rubio, antes de apuntar al asunto clave "...por eso creo que revalorizar las pensiones este año sería una locura".

La primera pista sobre el coste que podría suponer esa revalorización la tendremos hoy con el dato adelantado de IPC que publicará el INE a las nueve de la mañana, aunque de mantenerse en los niveles de octubre (3,5%) generaría una factura extra de unos 5.000 millones de euros (200 millones por cada décima en que se supere la subida del 1% prevista en los Presupuestos), la mitad de los cuales deberían cargarse al Presupuesto de este año.

Pese a todo, el Gobierno parece dispuesto a hacerlo. La decisión no se tomará mañana, pero a día de hoy el Gobierno maneja cuatro opciones:

- Actualizar las pensiones. La primera opción es revalorizar las pensiones como se ha hecho desde que el Pacto de Toledo estableciera esta obligación en 1997, es decir, en función del dato de IPC de noviembre. El coste para las arcas públicas, como se ha explicado antes, sería elevado y el impacto sobre el déficit de este año estaría entre dos y tres décimas de PIB. El Gobierno cumpliría su compromiso, pero tensaría las cuentas públicas hasta un límite peligroso.

- Cargar el coste al Fondo de Reserva. Es la vía abierta hace unos días por el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos. La opción parecía descartada porque el Gobierno ya agotó el pasado mes de septiembre el margen para tirar de la hucha de las pensiones que le reconoce la ley, al disponer de 3.063 millones de euros.

Sin embargo, desde el Gobierno se señala que no haría falta más que una modificación legal para poder extraer más recursos del Fondo este mismo año. De este modo, se enjugaría ese déficit extra de 2.500 millones de euros con los ahorros generados por el sistema en los últimos años, sin necesidad de emitir nueva deuda, y, supuestamente, sin impacto alguno en el déficit público.

- Utilizar un IPC alternativo. Es la opción que defiende el Ministerio de Economía, aunque no despierta mucho entusiasmo en Moncloa. La Ley de Seguridad Social establece la revalorización de las pensiones según el encarecimiento del coste de la vida que se refleje en el dato de IPC de noviembre del año en curso.

El truco es que el INE no sólo publica el índice general de IPC, el que se toma normalmente como referencia para estimar la subida de los precios, sino que desde hace dos años también publica el llamado IPC-IC, Índice de Precios al Consumo a Impuestos Constantes, que detrae el efecto sobre los precios de las subidas fiscales introducidas en cada ejercicio concreto.

Aplicando este índice, y tomando como referencia el mes de octubre, la desviación a compensar no sería de 2,5 puntos sino apenas de 0,4 y la factura de la revalorización caería de 5.000 millones a sólo 800, aliviando el coste para las arcas públicas.

- No revalorizar. Según fuentes gubernamentales, la menos probable, aunque sea la que se continúa defendiendo desde el Ministerio de Hacienda, el principal encargado de que las cuentas a final de año cuadren. La obsesión del departamento que dirige Cristóbal Montoro es cumplir escrupulosamente la senda marcada por Bruselas y en ese plan no encaja una medida que supone un gasto extra de 2.500 millones de euros.