Montevideo, 13 jul.- Los sindicatos uruguayos se preparan para mostrar en la calle su rechazo a la Ley de Participación Público Privada (PPP) que permitirá alianzas entre el Estado y empresas privadas para desarrollar sectores claves de la economía, informaron hoy fuentes sindicales.
Esa norma fue aprobada el martes por unanimidad en el Parlamento uruguayo, pese al rechazo del Partido Comunista de Uruguay (PCU), uno de los integrantes del oficialista Frente Amplio, y es considerada una de las leyes más importantes desde que el izquierdista José Mujica accedió al poder en 2010.
Según dijo a Efe el presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Pablo Cabrera, uno de los sindicatos más importantes afiliados a la central obrera PIT-CNT, "el movimiento sindical está en contra de la ley" y no dudará en expresar su rechazo a la misma.
"Nosotros entendemos que la PPP no respeta las garantías que da el Estado al sector publico, donde los trabajadores tenemos una injerencia real en las decisiones que se puedan tomar", explicó Cabrera.
Así, tanto los sindicatos de los sectores públicos como los privados unidos en el PIT-CNT están estudiando futuras movilizaciones, que probablemente se concreten en una huelga general a fines de mes, adelantó el líder sindicalista.
"En este acuerdo, las empresas privadas tienen demasiado espacio para las ganancia, mientras que el Estado pierde su espacio no solo económico, sino de participación y decisión. Y para nosotros, lo que es del Estado debe ser del Estado, y no del empresario", añadió Cabrera.
La iniciativa legal, a la que sólo le falta la ratificación por parte del Ejecutivo para que entre en vigor, busca que el Estado pueda aliarse con empresas privadas para desarrollar obras en sectores como el transporte, infraestructuras, energía o vivienda, en los que el sector público no tiene presupuesto en este momento.
Según el texto legal, el Estado se reserva los considerados servicios esenciales, cuya prestación "le corresponde en forma exclusiva" y establece un tope a los recursos que cada Gobierno podrá comprometer durante el período de pago de las obras que realice con las firmas privadas.
El límite se fijó en el 7 % del producto interno bruto (PIB) durante los cinco años de Gobierno.
La idea es que dentro de un año se concreten las primeras adjudicaciones a empresas particulares para realizar obras de infraestructura en sociedad con el Estado.
Para Cabrera, sin embargo, estas obras deberían hacerse aumentando las tasas al sector exportador que se está beneficiando del crecimiento económico sostenido del país.
"Desde ahí se pueden aportar soluciones a muchos temas, sin trasladar a los empresarios la responsabilidad y los derechos a los recursos de los uruguayos", añadió.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios