Uno de cada tres grandes ayuntamientos suspende en transparencia financiera

    • Transparencia Internacional identifica la información presupuestaria y sobre contratos públicos como grandes carencias
    • Los ayuntamientos, poco preparados para la Ley de Transparencia, que les exigirá, por ejemplo, publicar las retribuciones de los altos cargos.

Imagen del Ayuntamiento de Valencia, uno de los que sale peor parados del test de Transparencia Internacional.
Imagen del Ayuntamiento de Valencia, uno de los que sale peor parados del test de Transparencia Internacional.
Bruno Pérez
Bruno Pérez
Bruno Pérez

Una tercera parte de los 110 mayores ayuntamientos de España continúan ofreciendo a sus ciudadanos una información claramente insuficiente sobre su gestión económico-financiera y sobre los mecanismos de contratación de bienes y servicios municipales.

Así lo ha puesto de manifiesto la última edición del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos elaborado por Transparencia Internacional, una organización no gubernamental de escala internacional volcada en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, particularmente en el ámbito del sector público.

El índice municipal, de hecho, comenzó a elaborarse en 2008 con el objetivo de mejorar el volumen y la calidad de la información que los ayuntamientos prestaban a sus ciudadanos, en general, y más en particular la referida al ámbito económico y financiero.

Y lo cierto es que lo ha conseguido. Mientras en aquella no tan remota primera edición, los 110 ayuntamientos examinados por Transparencia Internacional incumplían de forma generalizada los 35 indicadores que medían su transparencia en aspectos como la gestión presupuestaria, la contratación de bienes y servicios o el urbanismo y las obras públicas, en la última edición el cumplimiento de éstos ha sido mayoritario.

Entre medias, eso sí, ha ocurrido una crisis económica, financiera e institucional que ha obligado también a las Administraciones Públicas a mejorar la información que proporcionan, particularmente sobre su gestión económica.

Por eso sorprende la resistencia de algunos ayuntamientos a proporcionar esa información.

Como ejemplos de buenas prácticas destacan Bilbao, Gijón, Oviedo, Alcobendas, Ponferrada, Gandía, Sant Cugat del Vallés y Torrent que publican todos y cada uno de los 80 indicadores analizados por Transparencia Internacional.

En el otro lado de la balanza, los que suspenden, los menos transparentes: Valencia, Ciudad Real, Teruel, Huelva, Jaén, Badajoz, Almería, Granda, Toledo, Cáceres o Córdoba.

Las que no levantan el velo

Por ejemplo, en el campo de su gestión económico-financiera. Transparencia Internacional chequea en este epígrafe a través de 14 indicadores la información que proporcionan los ayuntamientos sobre sus presupuestos, su política tributaria, los plazos en que pagan a sus proveedores o la gestión de su endeudamiento.

Al calor de las exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, este año 27 ayuntamientos se han sumado al selecto grupo que cumplen absolutamente todos los indicadores del test de TI y suman ya 44.

Sin embargo, alrededor de una treintena se resisten a levantar el tradicional velo que los ayuntamientos colocaban sobre sus cuentas y siguen estando lejos siquiera de cumplir la mitad de esos indicadores: Alicante, Córdoba, Badajoz, Zamora, Teruel, Ciudad Real o Granada entre otros.

El asunto se agrava cuando de lo que se trata es de evaluar la información que los ayuntamientos proporcionan sobre los contratos de servicios y sus relaciones con proveedores, es decir, la composición de las mesas de contratación, la motivación de sus decisiones, la publicación de la lista de los mayores proveedores del ayuntamiento y de las cuantías de los contratos suscritos por éstos.

Ahí la resistencia es aún mayor. Prácticamente la mitad de los ayuntamientos no proporcionan una información suficiente según Transparencia Internacional y, entre ellos, algunos muy ilustres como el de Madrid o el de Valencia. Un ejemplo en este campo son, por el contrario, Bilbao, Barcelona o Málaga.

La principal novedad del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos de este año ha sido la medición del cumplimiento por parte de los ayuntamientos de algunos de los requisitos más significativos que exigirá la futura Ley de Transparencia, todavía en tramitación.

El ejercicio tiene su relevancia ya que la futura ley exigirá el cumplimiento de disposiciones largamente esperadas como la publicación del Registro de Intereses de Actividades y de Bienes de los altos cargos del ayuntamiento, de las retribuciones percibidas por los altos cargos, de las auditorías internas y externas sobre las cuentas municipales o de las subvenciones concedidas, con detalle de organizaciones beneficiarios y cuantías.

¿Hasta qué punto cumplen los ayuntamientos por iniciativa propia estas disposiciones? Pues la realidad es que bien poco. Sobre 15 indicadores analizados, el panorama general es que los 110 mayores ayuntamientos de España cumplen poco más de la mitad, así que tendrán que realizar un fuerte ejercicio de transparencia cuando la ley se apruebe.

Hay ayuntamientos como los de Bilbao, Oviedo y Gijón que ya publican toda esa información, pero también están los casos de Huelva, Cáceres o Teruel que no dan uno solo de los indicadores que exigirá la Ley de Transparencia o como el de Valencia que apenas cumple uno.

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