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Así se habría ajustado el gasto público si se hubiera hecho caso a los ciudadanos

  • Los españoles habrían metido la tijera en el gasto militar, la cooperación al desarrollo, la inversión en innovación y la construcción de obras públicas.

  • Hubieran dejado fuera de los ajustes áreas como la sanidad, la educación, las pensiones, las prestaciones por desempleo y el sistema de dependencia.

Miles de ciudadanos gritan "Sí se puede" mantener la sanidad pública

Miles de ciudadanos gritan "Sí se puede" mantener la sanidad pública

Los recortes del gasto público han sido la principal fuente de indignación y descontento social de la gestión gubernamental de la crisis.

Los ciudadanos hemos asistido entre molestos y resignados a los anuncios de cierre de plantas hospitalarias, recortes de profesorado, eliminación de ayudas sociales o retraso de construcción de infraestructuras que prácticamente a diario han salpicado las noticias durante los últimos tres o cuatro años.

La reacción social ha sido particularmente airada en todo lo referente a los ajustes en Sanidad y Educación, dos de los servicios públicos más sensibles y mejor valorados por los ciudadanos, que al tiempo han sido los que más han sufrido la política de recortes presupuestarios.

¿Es que no se podía hacer de otra forma? ¿Acaso no había alternativa? ¿Cómo se habría ajustado el gasto público si hubieran sido los propios ciudadanos los que hubieran tomado las decisiones?

Un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, la Agencia de Evaluación y Calidad de las Políticas Públicas (Aeval), ha querido obtener una respuesta a estas preguntas y ha preguntado a los españoles sobre su grado de satisfacción con los servicios públicos y con los ajustes de gasto realizados en los últimos años. El resultado es un informe que arroja conclusiones sorprendentes.

Sanidad y Educación, intocables

Si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, primero, o el de Mariano Rajoy, después, hubieran sometido a referéndum su política de ajustes, se habrían encontrado con un veto ciudadano a tocar los servicios que los españoles consideran como el corazón del Estado del Bienestar.

Y es que poder cobrar una pensión pública al jubilarse, disponer de unos servicios sanitarios de calidad a los que acudir cuando uno está enfermo, disfrutar de un sistema de educación pública o poder acceder a una prestación por desempleo si se pierde el trabajo son los servicios públicos cuya prestación más valoran los ciudadanos y dónde mayor oposición hay a los recortes.

Por eso cuando la agencia pública pregunta a los españoles por su consideración sobre los ajustes de gasto en estos campos el rechazo es mayoritario. De un 97% en el caso de la sanidad y las pensiones, de un 96% en el caso de la educación y de un 91% en lo que se refiere a las prestaciones por desempleo y la atención a la dependencia.

Que el Gobierno no ha estado en sintonía con la sociedad en este asunto es una realidad contable y medible. El Plan de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas estima que a la altura de 2016 el Gobierno habrá reducido en nada menos que 9.000 millones el gasto público en sanidad y en algo más de 7.000 millones el asociado al sistema público de educación. En total, 16.000 millones de ajuste.

Las pensiones tampoco se han librado de los recortes. Fueron congeladas por el Gobierno Zapatero y se han revalorizado por debajo de lo que marca la ley con Rajoy.

Las prestaciones por desempleo también han sufrido un tajo, con la reducción de su cuantía a partir del sexto mes; y el sistema de dependencia prácticamente ha sido desactivado.

Dónde hubieran ajustado los españoles

A la hora de meter tijera, los ciudadanos lo tienen muy claro: empezarían por el gasto militar. Tampoco aquí hay sintonía con el planeamiento gubernamental, que ha reducido en poco más de 1.000 millones, algo así como un 10%, el presupuesto del Ministerio de Defensa en los tres últimos años.

Un 40% de los españoles está también a favor de recortar las partidas presupuestarias destinadas a cooperación al desarrollo (que se han reducido a bastante menos de la mitad durante la crisis) y a ciencia y tecnología.

Un ejemplo del cambio de prioridades que se ha operado en la percepción de los españoles es la inversión en obras públicas. Hace tres años el 75% de los ciudadanos se manifestaba en contra de recortar en esta partida, hoy ese porcentaje se ha reducido al 53%.

Aquí el Gobierno sí se ha alineado con la percepción ciudadana. No en vano la inversión en infraestructuras es, sin duda, la partida del presupuesto público que más se ha recortado en la crisis, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas.

El gasto cultural, en mantenimiento de parques y jardines, en medio ambiente, en políticas de vivienda e incluso en justicia son otros ámbitos donde los españoles habrían ido más allá en los ajustes.