El Gobierno aprueba la creación de una Autoridad Fiscal Independiente

    • Se encargará de supervisar la política presupuestaria de todas las Administraciones Públicas
    • España cierra un acuerdo para intercambiar información tributaria con Estados Unidos

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de creación de una Autoridad Fiscal Independiente.
El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de creación de una Autoridad Fiscal Independiente.

El Consejo de Ministros ha dado vía libre a la creación del anteproyecto de Ley Orgánica de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que se encargará de coordinar el control y la transparencia sobre el comportamiento presupuestario de todos los Administraciones Públicas.

La creación de esta institución se deriva de una directiva que exige su desarrollo a los Estados Miembros de la Unión Europea de un instrumento de este tipo que garantice un análisis técnico e independiente de la política presupuestaria pública.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, será un ente público independiente y con entidad jurídica propia... como, por otra parte, ya había anunciado hace un mes y medio. La novedad es que ahora sí hay un anteproyecto.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha hecho particular hincapié en que la institución alcanzará a todos los niveles de la Administración Española (Administración del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, Seguridad Social y organismos autónomos) y que servirá a los principios de la estabilidad presupuestaria.

Estará adscrito al Minisiterio de Hacienda y Administraciones Públicas, pero Montoro ha subrayado que únicamente con carácter administrativo, ya que tanto funcional como operativamente gozará de plena independencia "al estilo de lo que ocurre con el INE", ha matizado el ministro.

Su dirección recaerá en un presidente que será elegido a propuesta del Ministerio de Hacienda y el personal de la entidad podrá ser funcionario o laboral, y, en principio, saldrá de la IGAE y el Banco de España.

Su función esencial, según ha precisado el ministro, será emitir informes, tanto sobre las proyecciones macroeconómicas del país, como del programa de estabilidad del país (que marca las líneas básicas de gestión presupuestaria para los próximos tres años) y de la ejecución presupuestaria, de la política de deuda pública y de cumplimiento de la regla de gasto.

Montoro ha aclarado que el organismo no tendrá atribuciones para fijar la política presupuestaria, pero sí evaluará y emitirá su opinión sobre todo lo que tiene que ver con el ciclo presupuestario, pudiendo hacer recomendaciones sobre, por ejemplo, qué objetivo de déficit establecer para las comunidades autónomas.

El ministro subrayó como uno de sus principales valores que los informes de la Autoridad serán públicos, lo que permitirá un cierto nivel de fiscalización por parte de la ciudadanía.

En los próximos días el anteproyecto se remitirá al Consejo de Estado, al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Nacional de Administración Local para someterlo a su consideración.

Intercambio de información

El Consejo ha aprobado también la adscripción de España a un acuerdo internacional para promover el intercambio de información fiscal con Estados Unidos con el objetivo de evitar la evasión fiscal.

Washington ha lanzado una ofensiva para conocer la situación fiscal de sus ciudadanos por el mundo y este acuerdo lo que pretende es abrir un cauce más ágil de intercambio de información entre la autoridad tributaria norteamericana y la Agencia Tributaria.

Vamos que esa información que Estados Unidos requiere a España, España la pueda requerir a Estados Unidos.

España también está impulsando un programa de intercambio multilateral de información en el ámbito de la Unión Europea, para lo cual ha suscrito un acuerdo con las principales economías de la Unión: Alemania, Italia, Francia y Reino Unido.

También en el ámbito de la economía, el Gobierno ha aprobado la creación y la composición de la Comisión de Expertos que analizará la aplicación del factor de sostenibilidad en el sistema público de pensiones.

En el mismo marco, se ha promulgado el Real Decreto que regulará lo que se ha dado en denominar la honorabilidad de los banqueros.

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