Hacienda caza a 62 ayuntamientos que intentaron pagar la extra de Navidad

Las sospechas estaban justificadas. El Ministerio de Hacienda cursó una orden el pasado mes de enero a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España para que recabaran la información necesaria para acreditar el cumplimiento por parte de los ayuntamientos de su obligación legal de suspender el abono de la paga extra de Navidad.

Una batida sin precedentes, que Hacienda razonó en su día por la necesidad de "evitar posibles fraudes de ley" después de que un puñado de alcaldes manifestaran su intención de sortear la obligación legal de no pagar la extra de Navidad de 2012 a sus trabajadores utilizando diversas e imaginativas fórmulas.

Los resultados parecen justificar el celo con que el departamento que dirige Cristóbal Montoro se ha desempeñado en este asunto.

Hacienda ha cazado a 62 ayuntamientos que incumplieron de un modo u otro la normativa legal, que no sólo prohibía el pago de la extra de Navidad sino cualquier maniobra para compensar a sus trabajadores por la pérdida de esa retribución.

En realidad, el incumplimiento tiene bastante de declaración en rebeldía puesto que los municipios recibieron hasta cinco comunicaciones formales desde distintos órganos de la Administración del Estado entre julio y diciembre del año pasado recordando el carácter básico de la supresión de la paga navideña y los cauces administrativos habilitados para articular dicha supresión.

No sorprende, por tanto, que el Ministerio no haya esperado muchas explicaciones de los afectados antes de dar el siguiente paso: el envío de requerimientos de anulación a los ayuntamientos en los que se han detectado irregularidades.

Según fuentes ministeriales, 16 de los 62 ayuntamientos contactados por esta vía aceptaron la retirada de las disposiciones que contravenían la ley estatal en cuanto recibieron el requerimiento y otros 28 han aceptado modificarlas más tarde.

Los 18 ayuntamientos que han rechazado el requerimiento tendrán que defender los motivos de su decisión en la vía contencioso-administrativa, a la que ya ha recurrido Hacienda para garantizar que la norma se cumple en forma y en espíritu. "El espíritu es reducir a una las pagas extra de 2012 y que este ahorro puntual no se convierta en un gasto extra en 2013 o en ejercicios posteriores, y así lo tenemos que garantizar", aseguran desde Hacienda.

Los trucos de los ayuntamientos

Para sortear esta obligación los ayuntamientos han hecho casi de todo, según admiten fuentes de Hacienda: "La casuística que nos hemos encontrado en muy amplia y diversa".

Por ejemplo, cuatro ayuntamientos, que Hacienda no identifica, han tirado directamente por la calle de enmedio y han pagado la extra pese a las advertencias del Ministerio, que incluso llegó a recordar, en una carta remitida por el secretario de Estadeo de Administración Pública, Antonio Beteta, a la Federación de Municipios y Provincias, las posibles consecuencias penales del incumplimiento.

Otros cuatro, entre los que se encuentra el ayuntamiento madrileño de Becerril de la Sierra, alcanzaron acuerdos plurianuales en virtud de los cuales adelantaban sucesivamente la paga de verano a Navidad y la de Navidad a verano, una operativa que Hacienda también ha situado fuera de la ley.

Hay más casos: siete prorratearon la paga de Navidad en las nóminas pendientes de 2012 o en las de 2013 para compensar la supresión de la paga navideña; seis más abonaron las cantidades correspondientes a los 44 días transcurridos entre la paga de junio y el 14 de julio, día en que el Gobierno aprobó la supresión de la extra de Navidad, entendiendo que ya se habían devengado y que constituían un derecho adquirido. Tampoco esas maniobras han sido aceptadas.

Hacienda ya avanzó también que tampoco aceptaría la transferencia de la cantidad correspondiente a esa paga a organiaciones caritativas, ya que dejó claro que esas cantidades deberían ser objeto de un acuerdo de no disponibilidad que impiden su uso con ningún objetivo.