Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y protagonista absoluto de la actualidad informativa en este arranque del año, ha eclipsado el resto de casos de corrupción política del país, con su pulso soterrado a Génova, sus quiebros tácticos y sus singulares argumentos para justificar el origen de la inmensa fortuna, cercana a 40 millones de euros, que acomodó en cuentas suizas.
Sin embargo, ya son más de 300 los políticos españoles imputados por diversos escándalos que verán dirimido en los próximos meses su futuro en los tribunales.
El asunto ha alcanzado tal dimensión que se ha encaramado a los primeros puestos entre las preocupaciones que los españoles expresan en los barómetros mensuales del CIS.
En el último de ellos el porcentaje de españoles que situaba la corrupción política como uno de los principales problemas de país se había duplicado y los políticos aparecían, por primera vez, como el tercer mayor motivo de preocupación de los ciudadanos, después del paro y la situación económica.
Que existe un cierto estado de alarma social al respecto parece irrebatible.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no cree que ni éste ni la constante sucesión de casos de corrupción política, con derivaciones de presunto fraude fiscal e incluso de presunto delito fiscal, justifiquen la apertura de una línea específica de control tributario sobre la clase política o sobre los cargos públicos.
Sólo actores, deportistas y profesionales
"La clasificación de las tipologías de contribuyentes que se incluyen en los planes de control tributario se realizan a partir de análisis de riesgo que se hacen con criterios objetivos desde hace muchos años por los profesionales de la Agencia Tributaria", argumentan desde Hacienda. "Y en virtud de este sistema no se justifica una línea de investigación específicapara políticos o cargos públicos".
No piensa lo mismo la Comisión Europea, que el pasado mes de febrero presentó un borrador de directiva contra el blanqueo de capitales, que, entre otras medidas, pretende reforzar el control que los países miembros realizan sobre las operaciones financieras de sus cargos políticos.
Para la Comisión Europea los cargos públicos sí son perfiles de riesgo y, de hecho, la futura directiva prevé una vigilancia reforzada que alcanzaría a jefes de Estado, miembros del Gobierno, parlamentarios y miembros de tribunales supremos, es decir, las personas más expuestas a una eventual extorsión.
Hacienda, por su parte, concentrará sus controles específicos sobre perfiles profesionales a los que el ministro Montoro ya ha señalado en las últimas semanas: artistas, deportistas y otros profesionales que la Agencia Tributaria denomina como prestadores de servicios personales de alto valor.
En 2013, la Agencia Tributaria incrementará un 25% las actuaciones de control sobre este colectivo, animada "por la plena vigencia y necesidad de las actuaciones en este ámbito, y los buenos resultados obtenidos", según fuentes del organismo inspector y recaudador.
En total, este año se realizarán 1.782 actuaciones concretas de control sobre profesionales, que rastrearán desde la deducción irregular de gastos no relacionados con la actividad profesional, hasta el uso abusivo de sociedades instrumentales con el único objetivo de minimizar la factura fiscal, pasando, por supuesto, por el control de residencia, para evitar discrepancias entre el domicilio declarado y el domicilio real.
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