La Asociación de Inspectores de Hacienda ha remitido una carta a la cúpula de la Agencia Tributaria en la que solicita formalmente que la investigación de los contribuyentes que han regularizado su situación gracias la amnistía fiscal se introduzca como una de las líneas del Plan de Control Tributario para 2013.
En la carta, la organización que aglutina al 90% de los inspectores fiscales del país detalla hasta cinco motivos que deberían empujar a las autoridades tributarias a ordenar la investigación de estas declaraciones tributarias:
1. Rastrear posibles fraudes en el IVA. Los inspectores consideran que se deberían investigar las declaraciones especiales presentadas por contribuyentes con actividad empresarial y, por tanto, sujetos a IVA, ya que lo más probable, argumentan, es que los ingresos regularizados procedan de ventas no declaradas y que deberían haber dado lugar a la presentación de una declaración complementaria de IVA.
2. Posible ocultación de actividades delictivas. Entienden que habría que rastrear también las presentadas por personas físicas respecto de las que no consta actividad empresarial alguna para verificar que el origen de esas rentas regularizadas no proceda de una actividad delictiva y, si fuera al contrario, remitir la información a jueces o fiscales.
3. Verificar la titularidad de los bienes. Los inspectores sospechan que puede haber casos en que la identidad del titular real que ha regularizado los bienes no se corresponda con el titular jurídico de los mismos, algo prohibido expresamente en la norma. ¿Un ejemplo? Una cuenta millonaria en Suiza que haya dado lugar a varias regularizaciones presentadas por los hijos del titular auténtico para evitar pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que se devengaría de la transmisión de esos bienes.
4. Comprobar el pago de Patrimonio. Hacienda ha admitido que hay bienes por valor de unos 30.000 millones de euros cuya situación se ha regularizado dentro de la amnistía fiscal, pese a no haber dado lugar a ingreso alguno para las arcas públicas por estar ya prescritos a efectos fiscales. Los inspectores recuerdan que, aún así, la presentación de esa información debería haber dado lugar a una declaración complementaria por el Impuesto de Patrimonio correspondiente a 2011. Si no hubiera sido así, correspondería actuar contra los contribuyentes en cuestión.
5. Regularización de bienes ya prescritos. Respecto a esas mismas cantidades, los inspectores creen que, dada su magnitud, se debería verificar que, en efecto, los bienes declarados y presuntamente prescritos lo están, lo que se haría, dicen, "en una actuación normal y habitual de la Agencia Tributaria".
La carta de los inspectores detalla estos cinco motivos concretos que deberían llevar a la Agencia Tributaria a investigar las declaraciones tributarias especiales, pero aún mencionan algún argumento más.
Por ejemplo que, en principio, la función de la Agencia Tributaria debería ser "aplicar el sistema tributario de forma que se cumpla el principio constitucional en virtud del cual todos han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica".
También recuerdan los inspectores que el Plan de Control Tributario del año pasado mencionó como uno de sus principios rectores que "se hará especial hincapié en la persecución de las conductas fraudulentas que generen alarma social". Se hace difícil pensar ahora mismo en un proceso que haya generado más alarma social.
En contra de todos estos argumentos, la falta de predisposición del Ministerio de Hacienda a investigar la amnistía fiscal y el informe de Tributos que garantizaba a los beneficiarios de la misma que no se realizarían comprobaciones específicas de las declaraciones presentadas.
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