El vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, ha señalado hoy que la reducción de salarios a los funcionarios es "un planteamiento obligado" para lograr el ajuste "impuesto" por el Gobierno central, aunque ha añadido que debe ser "temporal, transitorio y con cláusula de reversión".
En una entrevista en Canal Sur Radio, el también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales ha insistido en que cuando se recupere la economía será necesario revertir a los funcionarios y empleados públicos los derechos complementarios, específicos, de productividad y horas extraordinarias, entre otros, que "hoy exclusivamente y temporalmente se puedan suspender".
Ante la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico, formado por una coalición de PSOE e IU, apruebe hoy un recorte salarial a los funcionarios, Valderas ha subrayado que "hay que dar garantía" a los funcionarios y a los empleados públicos de que "esa reversión tiene que caer de su lado cuando mejore la economía".
Otras dos "líneas rojas" son que los servicios de educación y servicios tienen que mantener su nivel de calidad, sin privatizaciones, según Valderas, quien ha subrayado que es necesario explicar "con rotundidad" a la ciudadanía que existe una realidad muy dura, aunque su formación considera que abordarla con una política de ajustes es "una línea suicida".
Valderas, coordinador andaluz de IU, ha expresado también su oposición a aumentar el nivel de la ratio escolar y ha abogado por otras políticas.
"Se están planteando políticas suicidas, de ajustes inaceptables, cuando se podría hacer de forma diferente, que no tuviera que llevar a los recortes", según Valderas, quien ha propuesto "atacar el reequilibrio de las cuentas públicas" combatiendo el fraude y la economía sumergida, entre otras medidas.
Valderas ha subrayado que su formación "llega aquí" con mucho realismo pero "sabiendo que no es responsable de una herencia que recoge", ya que se opuso al presupuesto autonómico de 2012 en su momento "porque no se tenía la certidumbre de los ingresos del Estado".
El Estado "no quiere reconocer" los 1.900 millones de euros que "debe" a Andalucía de inversiones no planteadas en los últimos tres años, y si el Gobierno hubiese reconocido "ese déficit" no se hablaría ahora "de ese volumen tan amplio y duro que hay que hacer", ha dicho.
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