El Gobierno aprueba la supresión de 53 organismos públicos del Estado

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy varias decisiones para fusionar, extinguir o integrar hasta 67 empresas, fundaciones y organismos de carácter estatal.

Las iniciativas permitirán reducir, según ha revelado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha asumido la tarea de racionalizar la estructura de la Administración General del Estado, hasta 53 organismos de naturaleza estatal.

¿Son muchos o pocos? Cuestión de perspectiva. Según el Portal de Transparencia Pública de la ONG Transparencia Internacional, que actualiza regularmante el número de entes públicos existentes en España (21.437) en la actualidad existen 451 entes públicos dentro de la estructura de la Administración General del Estado.

Es decir, que el recorte de organismos anunciado este viernes por la vicepresidenta, que aún está por desarrollar y no se ejecutará hasta los próximos meses, supondría una reducción de entes del 11,5%.

De otro modo, una vez finalice este proceso de ajuste aún existirán cerca de 400 entes públicos de naturaleza estatal.

¿A qué organismos afectará el ajuste? La vicepresidenta ha proporcionado algún ejemplo. Una de las operaciones supondrá la integración en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), dependiente del Ministerio de Defensa, de otros entes públicos como el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (fundado en 1921) y el Instituto Tecnológico de La Marañosa (que data de 1940).

También se fusionarán en uno los tres organismos gestores de la Seguridad Social: Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina.

Desaparecen, asimismo, el organismo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, el Consejo de la Juventud de España y las entidades mancomunadas de mutuas de accidentes de trabajo.

Al cabo, un importante reajuste institucional que, según ha revelado el sindicato CSI-F, el Gobierno se ha comprometido a que no tenga ningún impacto en materia de pérdidas de puestos de trabajo.

No obstante, el sindicato ha solicitado sendas reuniones con los departamentos afectados para garantizar que la operación no se cobra ningún empleo y que se preservar las condiciones laborales de los trabajadores.