La responsable de Presupuestos: "Yo a los recortes los llamo ganancias de eficiencia"

España está haciendo un esfuerzo titánico para poner en orden las cuentas públicas. Los últimos ajustes del Gobierno de Mariano Rajoy han intentado ser equitativos y compensar la reducción de los gastos con un aumento similar de los ingresos.

Según los datos oficiales, el 58% de las medidas se han concretado en recortes del gasto público. A cualquiera le vienen a la mente, por ejemplo, los tijeretazos en sanidad o educación. La lista de rebajas es amplia y ha sentado como un jarro de agua fría a la sociedad. Sin embargo, el Ejecutivo tiene una opinión bien distinta.

La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, al menos, cree que la reducción del dinero público que va destinado a un servicio no reduce su calidad. "Yo a los recortes los llamo ganancias de eficiencia", confiesa.

Con estas palabras, una de las responsables del Ministerio de Hacienda intenta explicar que en el conjunto de las administraciones españolas todavía existen muchos gastos superfluos. Se escuda en su pasado como consejera de Hacienda de la Xunta de Galicia. "Vengo de una comunidad autónoma y, créanme, sé lo que digo", reconoce.

La secretaria de Presupuestos incluso pone un ejemplo concreto. "Se han llegado a duplicar los fondos en I+D+i de un año para otro en una región, pero eso no es lo preocupante. Lo grave es que nadie se ha preocupado por comprobar qué se había hecho con todo ese dinero", asegura.

Además, Currás cree que también hay superposiciones de competencias entre el Estado Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Unas coincidencias contra las que quiere luchar la reforma de la Administración local que aprobó el Gobierno hace justo dos meses.

Según la secretaria de Presupuestos, la ley va en la dirección correcta, aunque todavía queda mucho camino por recorrer ya que, como reconoce, "no se puede arreglar un error de treinta años en cinco minutos".El sector público explica el 56% del PIB

Pero reformar la estructura pública española y reducir su peso no es tarea fácil. Los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recogidos por Ernst&Young (E&Y) recuerdan que el gasto total de las Administraciones Públicas en 2012 alcanzó los 593.054 millones de euros. Esto significa que más de la mitad del PIB depende del sector público.

De ellos, el 61,1% correspondió al Estado Central (unos 362.000 millones); el 27,8%, a las autonomías (casi 165.000 millones) y el 11,2% restante, a las corporaciones locales (unos 66.100 millones).

Puede que más de uno se pregunte si estas cifras están repartidas y si son relativamente lógicas con respecto a la administración a la que pertenecen. La respuesta, según María Jesús Escobar, socia responsable de Sector Público de E&Y, es que tanto el Estado como las administraciones locales están reduciendo con más éxito sus gastos.

¿Y qué pasa con las autonomías? Para la experta, las comunidades van más retrasadas que el resto de administraciones. Como prueba, basta con recordar las cifras que publicó Hacienda el pasado lunes, 15 de abril.

En los dos primeros meses del año, acumulan un déficit de 1.277 millones (que representan un 0,12% del PIB), derivados de unos gastos de 22.698 millones menos unos ingresos de 21.421 millones.

Escobar secunda los argumentos de la secretaria de Presupuestos y piensa que el recorte del gasto público no tiene por qué suponer una pérdida de calidad en los servicios que se brindan a los ciudadanos.

"Recortar dinero no siempre significa recortar servicios porque debemos tener en cuenta muchos desfases de los gastos regionales. Creo que si se reducen las partidas presupuestarias de algunos casos concretos, incluso la calidad puede ser superior", asegura.

Tampoco considera necesario que existan tantos tribunales de cuentas regionales y se queja de las complicaciones que conlleva a veces cerrar una sociedad pública. Es más, reconoce que "lo que es muy sencillo en una empresa privada, es un auténtico lío en una pública".

Por último, se muestra partidaria de tener muy controladas a las autonomías en términos de gasto. En su opinión, debería haber alguien que vigile de cerca cómo gestionan sus finanzas.