Las autonomías abren una nueva oleada de recortes para cumplir el déficit

Los responsables de Hacienda de las comunidades autónomas viven con la tijera en la mano. Ya se emplearon a fondo a la hora de diseñar los Presupuestos de 2012, en los que incluyeron recortes de entre el 30% y el 40% en partidas como las de inversiones y gastos corrientes.

No fue suficiente. La inmensa mayoría de las cuentas autonómicas no superaron el test de fiabilidad al que fueron sometidas por el Ministerio de Hacienda y allá por el mes de abril el Gobierno obligó a las autonomías a concretar una segunda ración de ajustes presupuestarios por un volumen conjunto superior a los 18.000 millones de euros, que quedaron plasmados en sus Planes de Reequilibrio Económico-Financiero.

Supuestamente, ese nuevo marco presupuestario era el que el Ministerio de Hacienda consideraba suficiente para que las comunidades autónomas pudieran cumplir el objetivo de reducir este año el desequilibrio de sus cuentas desde el 3,3% del PIB en que cerraron el año 2011 hasta el 1,5% previsto para este ejercicio.

Sin embargo, las últimas cifras enviadas por las comunidades autónomas a la Hacienda Central, correspondientes al pasado mes de septiembre, revelan que a los gobiernos regionales no les está quedando más remedio que plantear una tercera ronda de recortes para cumplir su objetivo de déficit.

Al cierre del tercer trimestre del año, son ya once las comunidades autónomas donde los ajustes presupuestarios han desbordado lo recogido en sus planes de reequilibrio.

Ajustes adicionales en once CCAA

Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja son las que, hasta el momento, han tenido que ir más allá de lo que les pedía Hacienda para mantener sus cuentas bajo control.

Algunas de ellas, como Andalucía, Aragón o Cantabria, ya habían sido instadas por el Gobierno a incluir en sus planes de reequilibrio acuerdos de no disponibilidad para mantener sus cuentas en línea con el déficit del 1,5% del PIB previsto, pero han tenido que aprobar nuevas indisponibilidades de crédito ante la evidencia de que la evolución de sus gastos las estaba desviando del objetivo.

Otras, como la Comunidad de Madrid, Navarra o Galicia, no preveían medidas de este tipo, pero se han visto obligadas a adoptarlas como consecuencia de la crecida de los gastos o la insuficiencia de sus ingresos.

Caso aparte lo constituyen la Comunidad Valenciana, Islas Baleares o la Región de Murcia, que a mes de septiembre todavía no habían implementado los acuerdos de no disponibilidad de crédito (en conjunto, unos 750 millones de euros) al que les obligan sus respectivos planes de reequilibrio.

En conjunto, hasta septiembre las comunidades autónomas han renunciado a gastar más de 7.700 millones de euros que figuraban en sus presupuestos iniciales.

Una cuantía muy similar, por cierto, al incremento imprevisto de los gastos registrado por los presupuestos autonómicos en este mismo periodo: 7.497 millones de euros.

Las más activas en este sentido han sido Andalucía y Cataluña que se han visto obligadas a renunciar a cerca del 10% de su presupuesto inicial.