Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 supondrán una nueva vuelta de tuerca para los contribuyentes. Como avanzó lainformacion.com, no habrá medidas del calado de las subidas del IRPF y del IVA aprobadas este año, pero al cabo el Gobierno exigirá el año que viene 4.375 millones más al bolsillo de los contribuyentes.
No todos esos recursos irán a parar a las arcas del Estado: 700 millones de euros irán directamente a los presupuestos de los gobiernos autonómicos, si éstos lo deciden así, a través de la prórroga de la vigencia del Impuesto de Patrimonio durante un año más.
La medida, aprobada en 2010 por el Gobierno de Zapatero, caducaba este año y ha sido prorrogada para mejorar la liquidez de las necesitadas arcas autonómicas.
Dentro de este nuevo paquete fiscal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013, la medida más llamativa es la creación de un nuevo gravamen del 20% sobre los premios de lotería y otras apuestas del Estado a partir de los 2.500 euros, el 40% de todos los premios que reparte el organismo público.
Con este nuevo impuesto el Estado espera recaudar 824 millones de euros.
En el ámbito del IRPF, el Gobierno pondrá en marcha dos medidas ya anunciadas. La primera es la supresión de la deducción por adquisición de vivienda habitual, que ahorrará 90 millones de euros al Estado en 2013.
La otra, la subida hasta el 52% del impuesto sobre los rendimientos derivados de inversiones en los mercados financieros o en activos inmobiliarios que se generen en un periodo inferior a un año, que pasarán a tributar como si fueran rendimiento del trabajo como ya hacían antes de 2006.
Con estas medidas se prevén recaudar 180 millones de euros.
La parte del león de este nuevo paquete fiscal se encuentra en el Impuesto de Sociedades. En ese campo se limitará temporalmente la deducción por amortización de inversiones para grandes empresas en un 70%, una medida de naturaleza técnica que aportará 2.371 millones de euros al Estado y, por tanto, restará esos recursos a las empresas.
La segunda implicará adoptar una medida que no hacía desde el año 1996: la actualización de los balances empresariales sobre los que se aplica el Impuesto de Sociedades, un ajuste que recaudará 300 millones, según el Ministerio de Hacienda.
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