La dotación para la política de Justicia en 2012, que contempla el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), es de 1.612,63 millones de euros, un 5,9 % menos que el año anterior, e incluye recortes en casi todas las partidas, salvo la destinada al sistema de justicia gratuita.
Fuentes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón han informado a EFE de que el incremento en un 7,2 por ciento del presupuesto dedicado a este capítulo -desde los 31,85 millones de euros de gasto en 2011 hasta los 34,15 millones de euros previstos ahora- responde a la necesidad de adecuar el gasto "a la demanda real" de este servicio.
La cantidad citada "permitirá que los ciudadanos que acrediten insuficiencia de medios económicos para litigar puedan proveerse de los profesionales necesarios en defensa de sus derechos e intereses legítimos", explica el proyecto de PGE presentado hoy.
Éste es prácticamente el único apartado que no se ve afectado por los recortes, empezando por el que se lleva la mayor parte del presupuesto: los gastos de personal, a los que se dedicarán 1.302,17 millones de euros frente a los 1.323,31 millones de euros que figuraban en el proyecto de PGE del año pasado, es decir, un 1,6 % menos.
La disminución de gasto es especialmente destacada en los programas de inversión, a los que se destinan 90,31 millones de euros frente a los 158,02 millones de euros de 2011, lo que supone un recorte del 48,2 por ciento.
De esta última cantidad, 53,57 millones se dedicarán a la modernización tecnológica, un 49,2 por ciento menos que el año pasado, cuando este capítulo se llevó 105,4 millones de euros.
Este dinero tiene como objetivo asegurar una plataforma informática que garantice la interoperatividad y la compatibilidad de cualquier sistema de gestión procesal, según explica el proyecto de PGE.
Por último, el desarrollo del Plan de Infraestructuras y Equipamiento contará con una dotación de 36,74 millones de euros, un 25,28 por ciento menos que en 2011, cuando se invirtieron 49,17 millones de euros.
Aunque la Justicia es el servicio público básico que ocupa un menor porcentaje de los PGE -un 0,5 por ciento, por debajo de la política exterior (0,9), la defensa (2,2) y la seguridad ciudadana y las Instituciones Penitenciarias (2,7)-, debe tenerse en cuenta que doce Comunidades Autónomas tiene las competencias transferidas en esta materia y cuentan con sus propios presupuestos.
El proyecto de PGE también incluye el presupuesto destinado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que baja un 3,9 por ciento -de 74,24 millones de euros en 2011 a 71,35 millones de euros ahora- y el del Tribunal Constitucional, que se reduce en un 3,4 por ciento al pasar de los 26,44 millones de euros del año pasado a los 25,53 millones de euros.
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