El Ayuntamiento de Barcelona niega irregularidades en la concesión de licencias en Gràcia

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barcelona negó hoy que existan irregularidades en la tramitación del expediente de un bar del distrito de Gràcia, cuya dueña se ha querellado contra el asesor del presidente del PP en el Consistorio, Alberto Fernández Díaz, y un concejal de Vallirana (Barcelona) por presuntamente pedirle 18.000 euros a cambio de agilizar los trámites administrativos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital catalana imputa los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias al asesor de Fernández Díaz, que es consejero en el distrito de Gràcia --Alberto Belón--, y al concejal del PP en Vallirana (Barcelona) --Antonio Penalba--, así como a la gerente del Ayuntamiento en el citado distrito y a un funcionario técnico, según publicaron hoy 'El País' y 'El Mundo'.

El Consistorio defendió hoy en un comunicado la actuación de los servicios técnicos del distrito y de la gerencia de Gràcia, y aseguró que "la tramitación de todo el expediente es completamente correcto desde todos los puntos de vista".

Además, afirmó que el bar no cumple la distancia mínima de separación respecto a otro establecimiento del mismo tipo --que es de 25 metros según la normativa de 2008--, y que su dueña, Icíar F.O., no ha respetado ninguna de las cuatro órdenes de precinto dictadas por el Ayuntamiento tras denegarle la licencia de apertura.

La demandante asegura que, en diciembre de 2006, alquiló el local, en Travessera de Dalt, para abrir un bar y le concedieron el permiso de apertura tras pagar 6.000 euros a los militantes del PP para que agilizaran los trámites administrativos. Cuando se negó a pagar otros 12.000 euros, le precintaron el local alegando que, por seis centímetros, no cumplía la distancia mínima.

Los abogados de Icíar F.O. afirman en la querella que un técnico municipal elaboró un informe en el que constaba que el bar respetaba la distancia mínima, y recuerdan que la normativa que establece tal separación entre establecimientos del mismo tipo entró en vigor dos años después.