Sevilla.-Facturas.-PA asegura que "se han acabado las tácticas legales para escurrir el bulto" ante el inicio del juicio

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS) El PA de Sevilla aseguró hoy que al alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, "se le han acabado las tácticas legales para escurrir el bulto", en alusión a la constitución del jurado como primer trámite para el comienzo del juicio oral por las facturas falsas del Distrito Macarena, "cinco años después desde que los andalucistas denunciaran el mayor escándalo político en la historia democrática del Ayuntamiento de Sevilla". Según indicó a Europa Press el secretario general del PA en Sevilla capital, Alfonso Caballero, "estamos deseosos de que se celebre el juicio y salga a la luz la verdad de unos hechos cuyo máximo responsable es el alcalde". "Se enjuicia a los ejecutores pero el autor intelectual es Monteseirín", recalcó Caballero, que recordó que uno de los principales imputados es "uno de los hombres de confianza del alcalde, no sólo en su etapa en el Ayuntamiento, sino también cuando Monteseirín era presidente de la Diputación". De un tiempo a esta parte, según la formación regionalista, el PA ha sufrido "las mentiras, el acoso, la obstrucción en la información solicitada, la estrategia del ventilador y la farsa de una comisión de investigación municipal y, más recientemente, la suspensión de un juicio que este viernes 13 arranca definitivamente". El cambio de la defensa que propició el retraso de la vista oral obedece, para los andalucistas, al único fin de "mantener en el sillón por el tiempo que sea al peor alcalde que ha tenido la ciudad de Sevilla" El máximo responsable del partido en la ciudad de Sevilla concluyó expresando su convicción de que "se ha cometido un delito, nos han robado dinero de la cartera de todos los sevillanos y hay que depurar las responsabilidades penales y políticas". Tras la constitución del jurado, el próximo lunes comenzará la vista oral en la que declararán el ex secretario del distrito José Marín, para quien el fiscal piden cinco años y tres meses de cárcel; el contratista José Pardo, para quien solicita cuatro años y tres meses; y el colaborador del distrito Manuel Portela, que se enfrentaría a una pena de un año y cinco meses.