Acusan al Gobierno uruguayo de fomentar el odio con la Ley de Caducidad

  • Montevideo, 14 abr (EFE).- La asociación de familiares de civiles, militares y policías muertos por el movimiento guerrillero tupamaro acusó hoy al Gobierno uruguayo de "persecución" y de fomentar el odio con su interpretación de la Ley de Caducidad.

Montevideo, 14 abr (EFE).- La asociación de familiares de civiles, militares y policías muertos por el movimiento guerrillero tupamaro acusó hoy al Gobierno uruguayo de "persecución" y de fomentar el odio con su interpretación de la Ley de Caducidad.

Militares retirados, ex policías y allegados de las víctimas de los tupamaros celebraron un "Homenaje a los caídos", en recuerdo de cuatro miembros del Ejército que murieron en un enfrentamiento con esa guerrilla urbana el 14 de abril de 1972.

En el acto, que tuvo lugar en la Plaza de la Bandera de Montevideo, el vicepresidente de la asociación y ex comandante en jefe del Ejército, Raúl Mermot, calificó de "autoritario" y "marxista" al Gobierno del izquierdista Frente Amplio.

El militar retirado dijo que el Ejecutivo del presidente Tabaré Vázquez lleva a cabo una "despiadada política de persecución" contra los militares y policías que sirvieron en tiempos de la dictadura (1973-1985) y en los años que la precedieron.

Subrayó que se sirve para ello de una interpretación de la Ley de Caducidad que solo "fomenta odios y resentimientos".

Esta ley, aprobada en 1986 y ratificada en un plebiscito en 1989, dejó sin juicio a los responsables de violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

Sin embargo, el Gobierno del Frente Amplio, tras su llegada al poder en 2005, facilitó el procesamiento de algunos de los miembros del régimen implicados en desapariciones y asesinatos cometidos fuera del país y en el marco del Plan Cóndor, coordinado por las dictaduras del Cono Sur para reprimir la disidencia.

"Este Gobierno fascista continúa priorizando pasiones que venían atenuándose, reabriendo casos cerrados, y continúa interpretando arbitrariamente la ley, y así, lejos de cicatrizar heridas, golpea sobre ellas provocando más y nuevos dolores", afirmó Mermot.

Según el teniente general retirado, el objetivo es "encabezar la venganza política judicial de los que fueron militarmente derrotados".

"Evidentemente, estamos ante una estrategia revanchista", agregó.

Actualmente está en marcha una campaña promovida por algunas facciones del Gobierno, organizaciones sindicales y grupos de derechos humanos a favor de la convocatoria de un plebiscito destinado a anular la Ley de Caducidad.

Según la organización que recolecta las rúbricas, ya se han reunido las 255.000 firmas necesarias para convocar la consulta popular y se espera llegar a las 300.000 para evitar posibles impugnaciones ante la Corte Electoral.

En el acto de homenaje a los caídos celebrado hoy también se criticó la Ley de Reparación Integral a las víctimas del terrorismo de Estado que el Frente Amplio pretende aprobar en la cámara de diputados el próximo 20 de mayo.

Esta norma incluirá compensaciones económicas y asistencia de salud en casos de trastornos físicos o psíquicos derivados de abusos sufridos durante la dictadura y durante el Gobierno constitucional del presidente Jorge Pacheco Areco (1967-1971).

En 1968, Pacheco Areco puso en marcha las llamadas Medidas Prontas de Seguridad que no tuvieron la autorización del Parlamento y que llevaron a muchos casos de arbitrariedad, abusos y represión.