Santander recurrirá el 'caso Sáenz' al Constitucional, a imagen y semejanza de los Albertos

Todavía no está todo perdido. Santander tiene una posibilidad de suspender la ejecución de la sentencia que, a finales de enero, redactará el Tribunal Supremo contra Alfredo Sáenz, consejero delegado de la entidad.

A la espera de su redacción definitiva, ésta contempla ocho meses de prisión, multa e inhabilitación especial para cualquier empleo relacionado con la banca por delitos de estafa procesal y denuncia falsa.

Según expertos legales consultados por lainformación.com, el grupo presidido por Emilio Botín podría presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que, además de suspender la ejecución de esta sentencia, abriría la puerta a terminar obteniendo un fallo a su favor.

Desde la entidad descartan hacer ningún tipo de comentario y piden esperar hasta que la sentencia sea pública para hacer cualquier tipo de valoración.

Para poder llevar a cabo esta jugada legal, Santander necesitará alegar que se ha vulnerado algún derecho de Alfredo Sáenz, como ya hicieron con éxito Alberto Cortina y Alberto Alcocer por el caso Urbanor.

El precedente de 'los Albertos'

En febrero de 2008, el Constitucional estimó el recurso de amparo que Cortina y Alcocer interpusieron contra la condena de tres años y cuatro meses prisión que les había impuesto cinco años antes el Tribunal Supremo por la estafa de Urbanor.

Los hechos por los que se acusaba a los Albertos de estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la parcela donde hoy están las torres KIO de Madrid, se remontan a 1987.

El Supremo condenó en 2003 a ambos empresarios a pesar de que en el año 2000 la Audiencia Nacional les había absuelto por considerar que el delito había prescrito.

En los últimos años, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional mantienen importantes diferencias sobre la doctrina sobre prescripción de los delitos. Una situación que puede jugar ahora a favor de Alfredo Sáenz.