Bankia recibirá 18.000 millones, Catalunya otros 9.000 millones y NCG, 5.500 millones

    • El Comisario Joaquín Almunia acaba de anunciar las ayudas concretas que recibirá cada entidad de Bruselas y les concede un plazo de cinco años para reestructurarse.
    • Bruselas ha dado luz verde a la venta de Banco de Valencia a CaixaBank y prohibe a Bankia, CatalunyaBanc y NCG dar crédito promotor y operar fuera de sus regiones de origen.
    • Los tenedores de preferentes y de deuda subordinada deberán asumir una quita y canjear el resto de su inversión.
Ruth Ugalde

"Los fondos del MEDE pueden ser transferidos a España a través del FROB", así lo acaba de anunciar el Comisario Joaquín Almunia, que ha puntualizado la cantidad concreta que irá destinada a cada entidad:Bankia recibirá 18.000 millonesCatalunya Caixa otros 9.000 millonesNCG tendrá 5.500 millonesBanco de Valencia 4.500 millones

En total, serán 37.000 millones de euros, a los que habrá que sumar la primera transferencia a Sareb, el banco malo, hasta un máximo de 2.500 millones.

Además, los tenedores de preferentes y deuda subordinada deberán asumir una quita y canjear el resto en capital de las entidades. No obstante, la proporción que se aplicará en cada caso no ha sido desvelada por Almunia, quien se ha limitado a señalar que será diferente en cada caso.

El comisario sí que ha dicho claramente que los responsables de los agujeros que han llevado a este rescate de Bruselas son "quienes gestionaron estas entidades".

Los cuatro bancos nacionalizados transferirán 45.000 millones en activos a Sareb con un descuento medio del 63% en los activos adjudicados y entre el 46% y el 54% para los préstamos a promotores, lo que hará que la rebaja promedia respecto a valor en libros será superior al 50%.

Planes de reestructuración

"Estos bancos volverán a ser rentables a medio y largo plazo sin necesitar más apoyo público", ha señalado Almunia, aunque ha diferencia a Banco de Valencia de Bankia, Catalunya Caixa y NCG.

Estas tres últimas entidades centrarán su negocio en banca minorista, operarán en las regiones históricas y contarán con un plazo de cinco años. Además, deberán abandonar los préstamos al sector promotor y deshacerse de filiales para financiar la reestructuración de cada banco y limitar la necesidad de ayuda pública.

La consecuencia es que, de media, el tamaño de su balance se reducirá en un 60% respecto a 2010, un recorte que incluye la transferencia de activos al banco malo. Además, la relación entre préstamos y depósitos será del 100% (en el caso de NCG será ligeramente inferior) y tendrán la mitad de oficinas que en 2010.

En el caso CatalunyaBanc y NCG, además, deberán ser vendidas antes de diciembre de 2017, de manera que queden integrados en otra entidad financiera, lo que supone que la venta deberá tener lugar antes de concluir el proceso de reestructuración o, si no, serán liquidadas.

Respecto a la venta de Banco de Valencia a CaixaBank, Almunia ha señalado que Bruselas ha dado luz verde a esta operación, porque liquidar la entidad levantina habría resultado todavía más caro.

Además, antes del 20 de diciembre, Europa prevé tener también cerrada la recapitalización de la otras cuatro entidades que necesitarán dinero público: Ceiss, BMN, Liberbank y Caja3.

Salarios limitados

Almunia también ha subrayado que los miembros del consejo de administración de las entidades nacionalizadas tendrán limitada su remuneración a 50.000 euros; y los ejecutivos, a 300.000 euros anuales, sin posibilidad de percibir variable.

En el caso de las entidades que reciban ayuda pública, pero que no estén controladas por el Estado, el límite para los miembros del máximo órgano de administración será 100.000 euros; mientras que los ejecutivos no podrán cobrar más de 500.000 euros, aunque en este caso sí tendrán la posibilidad de beneficiarse de un variable.

El comisario ha subrayado que estas limitaciones son conforme a la legislación española y Bruselas vigilará que se cumpla.

Respecto a las presiones que hubo para que los saneamientos de plantilla que llevarán a cabo las entidades nacionalizadas se hagan conforme a la reforma laboral, es decir, con una indemnización de 20 días por año trabajado, Almunia ha sido tajante en su respuesta: no.

Sin embargo, ha dejado abierta la puerta a que cada entidad decida cómo negocia y bajo qué condiciones llevará a cabo los recortes de plantilla.

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