Banquero venezolano demanda en EEUU al Gobierno de Chávez por expropiaciones

Miami (EE.UU.), 9 nov.- Un banquero venezolano interpuso una demanda en Estados Unidos contra Venezuela y varios funcionarios de ese país exigiendo una compensación de 1.000 millones de dólares por la expropiación de sus bienes, dijo hoy a Efe uno de sus abogados.

Nelson J. Mezerhane, quien era dueño del Banco Federal y accionista del canal de televisión privado Globovisión, presentó la demanda en un tribunal federal de Miami arguyendo que el Gobierno venezolano se apoderó de su entidad financiera, acciones y otras propiedades por "persecución política".

"Es una demanda que contiene 17 cargos principalmente contra la República Bolivariana de Venezuela por violación de derecho internacional en 36 expropiaciones, ya que estaban motivadas por persecución política", dijo el abogado Pedro Martínez-Fraga, quien inició la acción judicial con su colega Ryan Reetz.

Mezerhane era dueño del Banco Federal que fue intervenido en junio de 2010 por las autoridades bancarias de Caracas alegando que la entidad tenía problemas de liquidez.

Sin embargo, el banquero atribuyó la medida a un pase de "factura" política por la posición crítica que mantiene el canal de televisión privado Globovisión contra el Gobierno.

El banquero, que pidió asilo político en Estados Unidos, era accionista de Globovisión y se negó a entregar al Gobierno sus acciones, que representaban el 20 por ciento del capital de la empresa.

El Gobierno luego asumió el control de esas acciones, tras liquidar a la empresa Sindicato Ávila, C.A., perteneciente al Banco Federal.

"El presidente Hugo Chávez quería que Globovisión adoptara una línea política parcial, de ninguna independencia, y el señor Mezerhane le dijo que no. El presidente Chávez le advirtió que se atuviera a las consecuencias", afirmó Martínez-Fraga.

Según el abogado, la primera acción fue acusar al banquero de ser uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato en 2004 del fiscal Danilo Anderson, que ocurrió tras estallar explosivos en su vehículo.

Anderson realizaba una serie de investigaciones sobre el golpe de Estado de abril de 2002 que apartó a Chávez del poder durante 48 horas.

"Esto es claramente una persecución política que ha conllevado a una expropiación discriminatoria, sin propósito o utilidad pública y sin ningún tipo de remuneración. Viola el derecho internacional", enfatizó a Efe el letrado.

Añadió que "el señor (Hugo) Chávez ha dicho que estas expropiaciones se hacen para apoyar la revolución socialista bolivariana y eso es una política discriminatoria".

La demanda se presentó en Estados Unidos porque los abogados defensores consideran que en la nación suramericana "el poder Judicial no es independiente".

"Como política oficial la presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela ha declarado públicamente que el poder Judicial se subordina al Ejecutivo a fines de subordinar la aplicación equitativa de la justicia a apoyar los principios y metas de la revolución socialista bolivariana. No existe imparcialidad", aseveró.

En la demanda de 124 páginas se mencionan como demandados a la República Bolivariana de Venezuela, a la Superintendencia Nacional de Bancos y al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios.

También al exministro de Justicia, Jesse Chacón; el exfiscal general Isaías Rodríguez; a los jueces Gúmer Quintana y Florencio Silano González; a los exfiscales Gilberto Landaeta y Yoraco Bauza, y al superintendente bancario Edgar Hernández Behrens.

El abogado dijo que el siguiente paso en la acción judicial es notificar oficialmente a Venezuela de la demanda, lo que demorará entre 30 y 60 días. Luego se le concede a Caracas 60 días para responder.