Economía estudia cambiar el sistema de subastas para vender CatalunyaBanc y Valencia

El Gobierno no ha renunciado a su intención de subastar CatalunyaBanc y Banco de Valencia, dos entidades cuyas ventas fueron suspendidas a la espera de que Oliver Wyman dijera cuál era, según la consultora, su verdadero situación patrimonial.

El pasado viernes 28 de septiembre se desvelaron las cifras y la conclusión fue que la entidad levantina tiene un agujero de hasta 3.462 millones, mientras que el de la catalana puede ascender a los 10.825 millones.

Con estos números ya depurados, el Gobierno anunció entonces que retomaba sus planes de subastar sendas entidades. Pero, a diferencia de cómo se ha hecho hasta ahora, el Ministerio de Economía y el Banco de España estudian llevar a cabo estos procesos con un mecanismo diferente.

Éste eliminaría los denominados Esquemas de Protección de Activos (EPAs), unos flotadores que se financiaban con el Fondo de Garantía de Depósitos y que se concedían a las entidades que se embarcaban en la compra de sociedades que habían sido intervenidas.

Por ejemplo, en las últimas dos subastas que ha habido en España, CAM y Unnim, el Fondo de Garantía de Depósitos se comprometió a cubrir hasta el 80% de las pérdidas derivadas de una cartera de activos seleccionados, durante los próximos diez años.

Éstos son fundamentalmente inmobiliarios y, por tanto, pueden tener cabida en el banco malo a partir de que se cree el próximo mes de diciembre.

Esta novedad, sumada al hecho de que el Fondo de Garantía de Depósitos prácticamente se agotó con la CAM, es lo que ha llevado a Economía a replantearse el sistema de subastas en las ventas de CatalunyaBanc y Banco de Valencia.

Su objetivo, ahora, va dirigido a que las dos entidades trasladen al banco malo todos los activos tóxicos que cumplan las condiciones para pasar a él y vender, sin EPAs, el resto de los activos, ya que se supone que lo que quedaría sería fundamentalmente músculo.

Además, como el Estado ya ha llevado contra déficit las participaciones del FROB en CatalunyaBanc y Valencia, puede liberar al Fondo de Garantía de Depósitos de devolver este dinero, cuya factura ya ha ido a las cuentas de todos los españoles.

Según recoge el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, sólo en 2012 el rescate de la banca ha hecho un agujero de 12.000 millones en las cifras de déficit, cifra que se eleva hasta los 17.000 millones si se suma el roto de 2011.

Además, si Economía termina dando forma a esta idea y libera al Fondo de Garantía de Depósitos de hacerse cargo de las pérdidas, se rompe la filosofía que tenían las EPAs y que consistía en que fuera el sistema financiero quien se hiciera cargo de la factura de su reestructuración.

Esto era así porque el Fondo de Garantía de Depósitos se financiaba con aportaciones anuales que, obligatoriamente, hacían los bancos y las cajas.