El daño provocado en la imagen de la familia Botín con la investigación abierta por las cuentas secretas que posee la saga en Suiza puede llegar a tener consecuencias empresariales muy superiores.
En última instancia, el Grupo Santander podría enfrentarse a la inhabilitación de sus tres primeros espadas, el presidente, Emilio Botín, su hija, Ana Patricia Botín, y el consejero delegado, Alfredo Sáenz.
El futuro de los dos primeros está a expensas de que las diligencias previas abiertas por la Audiencia Nacional no vayan más lejos, mientras que el tercero depende de que el Tribunal Constitucional eche por tierra la sentencia condenatoria del Supremo por el caso Banesto.
Suma y sigue, porque la amenaza que se cierne sobre la primera entidad del país, y una de las más importantes del mundo, también alcanza a Reino Unido, donde las leyes de inhabilitación de los directivos del sector bancario son más estrictas que en España.
Al otro lado del Canal de la Mancha, Ana Patricia Botín ha asumido las riendas de Santander UK, donde tiene como primera prueba de fuego sacar a bolsa la entidad. Si logra el éxito en esta operación, son muchos quienes ven totalmente despejado el camino para que la hija suceda al padre al frente de todo el Grupo Santander.
Sin embargo, toda esta estrategia podría terminar en agua de borrajas si la investigación por las cuentas suizas termina con una condena contra la ejecutiva, ya que probablemente le impediría seguir al frente del banco británico.
De hecho, Alfredo Sáenz no ha conseguido sentarse en el consejo de administración de Santander UK, debido a las condenas del caso Banesto. Ni siquiera el recurso al Constitucional, que ha paralizado en España cualquier ejecución de la sentencia, parece haber ablandado a las autoridades británicas, más rigurosa que nuestro país en estos casos.
Amenaza lejana, pero amenaza
La Ley de Sociedades Anónimas española impide ejercer como administrador a aquellas personas que hayan sido condenadas. También la Ley de Intervención del Banco de España prohibe llevar las riendas de una entidad a ejecutivos con sentencias en firme.
Estas normativas impidieron a los Albertos-Cortina y Alcocer- sentarse en los consejos de administración y asumir funciones ejecutivas en Banco Zaragozano, ACS y Grupo Empresarial Ence, debido a las condenas por estafa y falsedad documental del caso Urbanor, sentencias que nunca llegaron a cumplir gracias al recurso que presentaron al Constitucional.
"No creo que la familia Botín termine siendo condenada, porque accedió a regularizar sus cuentas. Pero el daño ya se ha hecho por el lado de la imagen, al destapar la fortuna que tenía en Suiza", reflexiona una fuente del sector, que confía en que la sangre no llegará al río ante la posible inhabilitación de Emilio y Ana Patricia Botín.
Por el momento, los delitos de los que les acusa la Fiscalía Anticorrupción, y que está investigando la Audiencia Nacional, son contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
En el supuesto de que estas diligencias previas no vayan más allá, la amenaza contra la familia Botín habrá desaparecido, sobre todo, en lo que se refiere al relevo, ya que el expediente de Ana Patricia Botín seguirá impoluto y listo para seguir los pasos del padre, si llegara el momento.
Pero, si derivan en un proceso penal, la entidad puede verse en una compleja encrucijada que, además de salpicar a la imagen del banco, pondría en jaque la continuidad de sus primeros espadas.
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