Poco a poco, y con el impulso de Bruselas, el Ministerio de Economía ha ido aprobando una serie de normativas cuya consecuencia directa es que las comunidades autónomas han perdido prácticamente todo el control sobre las cajas de ahorros.
La primera piedra la puso con la conversión de estas entidades financieras en bancos, una obligación que han terminado llevado a cabo todas, con las únicas excepciones de la valenciana Caja de Onteniente y la mallorquina Caixa Pollença.
Esta metamorfosis ha supuesto que todo su negocio financiero pase a estar supervisado por el Banco de España en exclusiva, labor que hasta ahora compartía con las regiones.
La segunda gran transformación acaba de recibir el pistoletazo de salida, con el Anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias, y con el Real Decreto por el que se modifican los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno de las entidades de crédito.
La primera de estas dos normativas diferencia en tres los tipos de fundaciones que deberán crear las extintas cajas de ahorros para mantener su obra social. Ésta diferenciación se rige por el porcentaje de capital que controlarán de los nuevos bancos que han creado.
Cuando controlen menos del 10% no deberán cumplir ningún requisito financiero y, por tanto, su protectorado recaerá sobre la Comunidad Autónoma correspondiente.
Pero, cuando posean más del 30% deberán suscribir un protocolo de gestión y presentar anualmente un Plan Financiero al Banco de España; mientras que si poseen más del 50%, además, deberán crear un Fondo de Reserva, cuya cuantía todavía está por determinar, y elaborar un plan de diversificación de inversiones y de gestión de riesgos, que también controlará el organismo dirigido por Luis María Linde.
Además, en el supuesto de fundaciones bancarias cuyo ámbito de actuación principal exceda el de una comunidad autónoma, el protectorado será ejercido por el Ministerio de Economía y Competitividad. Una situación que, de facto, sólo se dará en aquellas que posean menos del 10% de un banco.
El ejemplo de La Caixa
Con este modelo, Economía consigue cumplir con los requisitos impuestos por Bruselas, que exigía que las cajas no pudieran controlar a bancos, ya que éstas se han reconvertido en Fundaciones; y al mismo tiempo, las viejas cajas pueden, a través de este nuevo vehículo, seguir siendo los principales accionistas de los bancos.
Un claro ejemplo es La Caixa, dueña del 75% de CaixaBank. Cuando se convierta en Fundación, labor para la que tiene de margen hasta finales de 2014 o principios de 2015, en función de cuánto tarde en tramitarse la nueva normativa, podrá seguir controlando esta participación desde su nueva estructura de Fundación.
Pero la Generalitat Catalana habrá perdido prácticamente todo su poder sobre la entidad, ya que como controla más del 50% de la entidad de créditos y su ámbito de actuación supera el de su comunidad, pasará a estar bajo el protectorado de Economía.
A la espera de que termine la reestructuración del sector, con el cierre de operaciones como la fusión de Unicaja con Ceiss (Caja España-Duera) o de Ibercaja con Caja3, prácticamente todas las fundaciones controlarán más del 10%.
Por el momento, las únicas excepciones claras serán las antiguas cajas de las entidades nacionalizadas -Bankia, CatalunyaBanc y NCG Banco-, donde el Estado se hará con cerca del 100% del capital. En consecuencias, Fundaciones como las de Caja Madrid o Bancaja podrán seguir bajo el control de sus comunidades autónomas.
Pero, incluso en estos casos, el Gobierno ha puesto trabas a la politización, al haber limitado a un 25% el número de patronos representantes de las administraciones públicas, las entidades y corporaciones de derecho público.
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