El Ministerio de Economía trabaja contrarreloj para terminar de diseñar el denominado banco malo, que quiere levantar en forma de sociedad inmobiliaria y que será donde irán a parar todos los activos tóxicos de las entidades financieras.
El objetivo del Gobierno es que cuente con el respaldo de inversores internacionales, dispuestos a tirar de chequera para financiar la enésima solución que se pone en marcha para intentar salvar el sistema bancario español.
Y en esta búsqueda de socios, el Ejecutivo se ha encontrado con el declarado interés de los dominados fondos buitres, inversores institucionales especializados en entrar en sociedades con problemas a cambio de pagar precios irrisorios.
Fuentes del mercado conocedoras de estas conversaciones aseguran que entre los interesados figuran Cerberus -famoso porque en el pasado tuvo al ex presidente José María Aznar entre sus filas-, Fortress, Lone Star y JC Flowers, que ya intentó entrar en Banca Cívica y en Unnim.
En realidad, todos ellos llevan analizando con detalle el mercado español desde que comenzó la reforma financiera, hace más de tres años, pero, al final, nunca han cerrado en firme una gran operación.
Por el momento, sus principales movimientos se han centrado en comprar carteras de morosos a las entidades financieras, una estrategia que daría un salto de gigante si consiguieran adquirir también los suelos e inmuebles que se han adjudicado.
Con la creación del banco malo, se abre para ellos la oportunidad que llevan tanto tiempo esperando. Aunque tampoco pueden lanzarse todavía las campanas al vuelo, ya que su participación definitiva dependerá de la valoración que se haga de los activos.
La clave, las tasaciones
"La clave para el éxito o fracaso de esta medida está en las valoraciones", señala un banquero, que insiste en la necesidad de dejar los activos a precio de ganga e, incluso, en el caso de los suelos, prácticamente a cero. "¿Cuánto vale ahora un terreno, si nadie va a querer comprarlo en mucho tiempo?", añade
También es una incógnita quién va a ser el responsable de poner precio a estos activos. Desde el sector recuerdan que el Estado cuenta ya con un instrumento especializado en estos trabajos, la tasadora Segipsa, que actualmente trabaja para sociedades públicas del tamaño de Adif (el gestor de todas las infraestructuras ferroviarias).
No obstante, tampoco se descarta la convocatoria de un concurso público para elegir al responsable de la parte más fea de este plan. "Elegir una tasadora a dedo sería un auténtico escándalo", señalan desde el sector.
Consciente de que las entidades deben aplicar una brutal rebaja, el Gobierno incluirá en la nueva reforma financiera, que prevé llevar este viernes al Consejo de Ministros, la obligación de provisionar entre 20.000 y 40.000 millones entre todo el sector, según fuentes consultadas por EFE, que se sumarán a los 54.000 millones ya impuestos por Guindos.
Más provisiones
Hasta ahora, el Ejecutivo confiaba en que con las medidas exigidas quedaban cubiertos en un 80% los activos problemáticos en el caso del suelo; el 65% en el caso de las promociones en curso y el 35% en edificios terminados y vivienda.
Pero todos estos números se han quedado pequeños ante la creación del banco malo. De hecho, la nueva vuelta de tuerca amplía su foco sobre la cartera de préstamos al sector constructor y promotor, valorada en unos 140.000 millones.
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