"El Gobierno del Paraguay manifiesta su más firme repudio y categórico rechazo a una demanda promovida en Estados Unidos por la firma SACE, propiedad mayoritaria del Estado Italiano, contra la República del Paraguay, con la intención de ejecutar un cobro de cerca de 80 millones de dólares", señaló un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo.
Se trata de un préstamo otorgado en 1987 durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, contraido sin acuerdo del Congreso por un sobrino político del exhombre fuerte de Paraguay que desempeñaba el cargo de embajador itinerante en Europa, según los informes.
Se trata del argentino uruguayo Gustavo Gramont Berres, quien soportó una condena por estafa tras la caída del régimen.
El procurador general de la República, Roberto Moreno, el canciller nacional Eladio Loizagada y el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Sergio Godoy, ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer detalles de la demanda y las acciones del gobierno para defender los intereses de la República.
El procurador anunció que el presidente Horacio Cartes ordenó contratar inmediatamente abogados en Estados Unidos para defender la causa paraguaya.
El abogado del Estado aclaró que las reservas internacionales del país "no corren peligro" y reveló que el Banco Central tiene colocadas las reservas en la banca suiza que establece la no inembargabilidad de las cuentas.
Por su parte, el canciller Eladio Loizaga manifestó que "la imagen de Paraguay no se va a ver afectada porque es un país que, sobre todo en este período, ha cumplido los compromisos de anteriores Gobiernos con transparencia".
"El tiempo para dar una respuesta a la demanda es de 60 días, por lo que apremia la ida a Estados Unidos para ajustar detalles", dijo el abogado Godoy, asesor jurídico de la Presidencia.
El expediente abierto en los tribunales de Estados Unidos lleva la carátula "SACE SPA vs. República del Paraguay", especificó Godoy.
La suma demandada corresponde a dos fallos de la justicia suiza contra el Paraguay.
La primera sentencia consiste en la suma de 28.018.794 euros (30.724.500 dólares) y 36.715.000 francos suizos (37.333.000 dólares), en tanto que la segunda llega al valor de 10 millones de francos suizos (10,17 millones de dólares) con intereses, lo que da un total aproximado de unos 80 millones de dólares.
La empresa SACE fue codemandada ante los tribunales suizos por un sindicato de diez bancos "que habían otorgado préstamos a dos empresas de Gramont Berres, un cónsul honorario, con una garantía falsificada en nombre del Estado paraguayo".
El procurador explicó que en el año 2009, sin informar a Paraguay, la empresa SACE y el sindicato de bancos arreglaron de forma unilateral con un pago de 24.900.000 euros (27.305.300 dólares), con el objetivo de adquirir todos los derechos y acciones que surgían de las dos sentencias suizas.
Apuntó que los tres poderes del Estado "han sentado postura de rechazar y desconocer la deuda ilegítima emanada de la estafa de Gramont Berres".
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