Repsol acaba de comunicar que, una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se notificó a la República Argentina la existencia de la controversia relativa a la expropiación de YPF, ha presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la solicitud de inicio de un procedimiento de arbitraje.
La compañía española acusa al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de "violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Argentina firmado el 3 de octubre de 1991".
El CIADI es la principal institución en materia de arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, tiene su sede en Washington y es una de las cinco organizaciones que integran el Grupo del Banco Mundial.
Como adelantó lainformacion.com, esta estrategia es la principal vía que tiene Repsol para escapar de los tribunales argentinos y acudir directamente al arbitraje internacional, para que éste haga de árbitro a la hora de dictar el precio justo de expropiación.
Por el momento, la compañía dirigida por Antonio Brufau sigue sin desvelar el importe que exigirá al Gobierno argentino por quitarle su filial.
De hecho, en su comunicado de hoy se limita a señalar que será en los escritos de alegaciones donde "concretará las reparaciones y compensaciones a reclamar a la República Argentina, sin perjuicio de la posibilidad de las partes de poner fin al procedimiento en cualquier momento en caso de alcanzarse un acuerdo entre ellas".
La posibilidad de alcanzar algún acuerdo es, posiblemente, la mejor de las opciones para Repsol, ya que, aunque la petrolera lograra que el CIADI le diera la razón, eso no significa que fuera a cobrar el dinero que le corresponde.
Lamentablemente, Argentina cuenta con amplio historial de incumplimiento de los dictámenes de los organismos internacionales, cuyo máximo exponente se dio en diciembre de 2003, cuando el difunto esposo de la actual presidenta, Néstor Kirchner rechazó someterse al dictamen del Club de París, y sólo ofreció a los acreedores reestructurar su deuda, sin reconocer intereses y con una quita del 75%.
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